* El duro y ruinoso impacto de la pandemia

* Se requiere plan audaz público y privado

Un documento reciente del Departamento de Planeación Nacional calcula que el número de pobres se ha incrementado en Colombia, como consecuencia de la pandemia, en cerca de cuatro millones. Esta cifra viene a incrementar la que se traía antes de la crisis sanitaria.

Como se sabe, en los últimos años se había logrado ganar una importante batalla contra la pobreza, tanto la que se mide con criterios monetarios como aquella en que se tienen en cuenta aspectos multidimensionales.

En efecto, entre 2002 y 2008 se había logrado que 6,8 millones de compatriotas salieran de las cadenas de la pobreza monetaria. En el 2012 casi la mitad de la población colombiana (49,8%) estaba encadenada a la drasticidad de la pobreza monetaria. Ya para 2018 ese porcentaje se había reducido al 27%. Un gran avance, sin duda alguna.

Algo similar venía sucediendo con la población pobre medida por criterios multisectoriales, que no es otra cosa que la posibilidad de determinada franja poblacional de acceder a ciertos servicios públicos básicos como la salud, la educación, el uso del gas y de la energía eléctrica así como la cobertura de acueducto y alcantarillado, entre otros. Bajo esta modalidad, entre 2010 y 2018 las personas consideradas pobres multifactoriales pasaron de 30,4% de la población a 19,9%, lo que revela el gran impulso que el país tuvo en la última década en materia de cobertura de servicios públicos. Esto permitió que el número de pobres multifactoriales ubicados en las cabeceras urbanas se redujera en 2,8 millones y en las zonas rurales en 1,2 millones.

Pero luego llegó la pandemia, con su círculo vicioso de confinamientos, desempleo y cierre drástico de la actividad económica, lo que según el referido informe de Planeación Nacional incrementó bruscamente el número de personas pobres en el país en cerca de cuatro millones.

La lucha contra la pobreza (tanto aquella anterior al coronavirus, que se venía reduciendo exitosamente, y la nueva que generó la pandemia) tiene que ser la impronta de las medidas que en adelante se tomen desde las altas esferas gubernamentales. Otros factores, como la deserción escolar que se ha agudizado, tienen también incidencia en la elevación preocupante de estos índices de empobrecimiento poblacional.

Naturalmente hay cadenas de causa y efecto que han agudizado la pobreza, pero es allí también en donde puede estar la clave para recuperar los logros perdidos. Todo lo que se pueda hacer en reactivación de la economía, en vigorización pronta de actividades como el turismo, el transporte, el comercio, así como en la intensificación de las obras públicas y la infraestructura, no solo dinamiza al sector productivo, sino que son medidas en la dirección correcta para recuperar los avances que se tenían en la lucha contra la pobreza.

A propósito de todo lo anterior, se impone con urgencia que el Gobierno haga plena claridad sobre los montos que efectivamente está invirtiendo en la recuperación económica. El Presidente de la República ha hablado de que se estaría destinando el 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el Ministro de Hacienda habla de que la inversión asciende solamente al 3,6% del mismo indicador ¿Al fin qué? Es una discrepancia muy abultada como para que no se reclame plena claridad al respecto. Sin buenas y confiables cifras es imposible diseñar políticas públicas creíbles. Eso es claro.

El programa de recuperación de la economía y el empleo así como el plan de disminución de la pobreza que ha diseñado el Ejecutivo, más allá de los “primeros auxilios” que son los que hasta ahora se han suministrado a la población y el sector productivo, ascienden a la muy ambiciosa cifra de 170 billones de pesos a ser invertidos en los próximos cinco años, generando un millón de nuevas plazas de trabajo. Obviamente una destinación de recursos de esta magnitud no podrá hacerla solo el Gobierno o el presupuesto nacional. Se requiere el concurso decisivo y entusiasta del sector privado, sin el cual será imposible afrontar los compromisos de la recuperación pospandemia.

Esto significa que, sin caer en las redes del populismo que ya empieza a mostrar las orejas en Colombia, el Gobierno debe entender que sin el sector privado no será posible superar las graves calamidades que aquejan al país y toda su población. Tampoco se podrá retornar a las aceptables cifras de pobreza que se traían antes de la crisis sanitaria. Si no se logra ese esfuerzo conjunto de lo público y lo privado se estará sembrando la semilla de una pandemia acaso más grave: un estallido social que puede estar a la vuelta de la esquina, a menos que tengamos la lucidez de leer con cuidado las cifras que ya están disponibles y sepamos implementar de forma decidida y eficaz las metas propuestas en el plan de reactivación socioeconómica.