- Diagnóstico de la ONU reconoce avances
- País sigue cruzado por distintas violencias
Avances tangibles pero muchos temas pendientes. Esa es la principal conclusión del informe que ayer presentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia. En esa evaluación anual, aunque se diagnostica el panorama general, hay asuntos a los que se da especial énfasis, sobre todo a los relacionados con la protección a los activistas y líderes sociales, los actores ilegales que más atacan a la población civil, el comportamiento de la Fuerza Pública, la lucha contra la impunidad y el siempre presente proceso de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, visto desde la óptica de los derechos humanos.
Al igual que ha ocurrido en los últimos años, el actual informe reconoce avances en las políticas de protección de las garantías fundamentales. De igual manera reitera la complejidad de la implementación del pacto de paz y los esfuerzos del Gobierno por cumplir con sus múltiples acápites, al tiempo que insiste en la necesidad de trabajar a un ritmo más rápido en todo este proceso. Como era de esperarse, la ONU hizo especial énfasis en la necesidad de redoblar la protección a los desmovilizados, ya que no se detiene la escalada de ataques mortales y amenazas.
Otra de las alertas más insistentes de la Oficina del Alto Comisionado giró en torno a su profunda preocupación por la racha de asesinatos de líderes sociales, activistas de derechos humanos, indígenas y campesinos en distintas partes del país. Aunque se reconocieron los planes lanzados por el Gobierno para contrarrestar esta crisis, se urgió de nuevo al Estado ser más eficiente en la protección integral a esta población y avanzar en la judicialización de los victimarios.
Hay otras conclusiones del informe que también constituyen un duro campanazo. Por ejemplo, para la ONU el hecho de que la tasa de homicidios en 2019 fuera de 25 por cada 100 mil habitantes “indica la existencia de un nivel de violencia endémica”. También se advirtió sobre el aumento de las masacres que cobraron 133 vidas, la cifra más alta desde 2014.
Frente al pico de violencia originada por los grupos ilegales, al igual que lo ha recalcado el actual Gobierno, la ONU considera que una de las principales causas sería la disputa en varias regiones por las economía ilícitas, sobre todo en áreas de alta densidad de narcocultivos y minería criminal. De allí que se hace un detallado reporte del aumento del accionar violento del Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’.
Para la ONU resulta evidente que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado en algunas zonas continúan siendo insuficientes, sobre todo en áreas rurales. Así mismo se advierte que hay un mayor énfasis en el tema típicamente militar que en el de predominio institucional de la autoridad civil. El informe también describe otras alertas relacionadas con la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales, la situación de la población LGBTI, las garantías a la prensa, la lucha contra la corrupción y la desigualdad social, el estado de los derechos ambientales, los casos de violencia sexual y las medidas de protección a los niños. Capítulo aparte mereció el análisis puntual del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz y los demás componentes de la justicia transicional.
Muchas de las conclusiones eran de esperarse ya que, como se dijo al comienzo, resulta evidente que el Estado progresa en muchos frentes de los derechos humanos pero tiene temas pendientes en la mayoría de ellos. Hay reconocimientos muy positivos como el que se hace a la campaña electoral del año pasado que fue marcadamente pacífica pese algunos hechos de violencia. También se destacan las políticas para acoger a los migrantes venezolanos…
Más allá del diagnóstico sobre las crisis coyunturales y estructurales en materia de derechos humanos y el corte de cuentas a los logros y retrasos del Gobierno en varios de esos frentes, lo que debe destacarse de manera primordial es la voluntad inequívoca del Estado colombiano de seguir aceptando el monitoreo general a sus políticas sobre la materia. A diferencia de otros países que suelen desconocer este tipo de informes, en el nuestro las autoridades lo reciben de forma constructiva aunque, como es natural, siempre hay réplicas e inconformidades con alguna de las conclusiones. Dice mucho de la institucionalidad y legitimidad colombianas que los conceptos de la Oficina del Alto Comisionado sean tenidos en cuenta para los correctivos y ajustes necesarios en el accionar oficial para garantizar el menor índice de violación posible de los derechos humanos en una nación que, lamentablemente, sigue cruzada por violencias de vieja y nueva data.