- Próxima semana eligen relevo de Carrillo
- Muchos flancos para redoblar esfuerzos
El jueves próximo el Senado elegirá al sucesor de Fernando Carrillo en la Procuraduría General de la Nación, cuyo periodo terminará a mediados de enero venidero. Todo hace indicar que la exministra de Justicia y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, será la escogida pues tiene el respaldo de las principales colectividades gobiernistas e independientes.
Si bien es cierto que el relevo en la jefatura del Ministerio Público tardará algunos meses, desde ya se pueden avizorar algunos retos que tendrá que afrontar la que podría ser la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General en Colombia.
En primer lugar, resulta evidente que el fallo de la Corte Interamericana de Justicia (IDH) en los últimos días en torno a la imposibilidad de que los funcionarios de elección popular puedan ser destituidos por decisiones de la jurisdicción administrativa constituye un campanazo de alerta de profundas implicaciones. Más allá de las reacciones encontradas al alcance de la referida sentencia, es claro que se requieren ajustes de orden legal y constitucional para aterrizar el fallo del ente continental, incluso para redefinir la esfera típicamente disciplinaria, sin que ello vaya a debilitar la lucha contra la corrupción así como la protección de los derechos humanos y del erario frente a las actuaciones anómalas de quienes desempeñan funciones públicas.
De igual manera le corresponderá al sucesor del actual jefe del Ministerio Público definir el futuro de importantes iniciativas, como la reforma a la justicia que la Procuraduría anunció llevará al Congreso en próximas semanas, y que tiene como principal enfoque el agilizar el acceso del ciudadano de a pie a las instancias judiciales para que le resuelvan de manera efectiva y funcional sus requerimientos. En este campo, en caso de que se confirme la elección de Cabello, se podría buscar una complementariedad de ese proyecto del Ministerio Público con el que ya se venía trabajando desde el Ministerio de Justicia para ajustar otros aspectos más estructurales de esta rama del poder público.
Una de las principales líneas de acción del procurador Carrillo ha sido, precisamente, la de impulsar y exigir del Estado un mecanismo más eficaz para la protección de los líderes sociales que, lamentablemente, continúan cayendo asesinados en muchas regiones del país en medio del fuego cruzado de factores delincuenciales de vieja y nueva data. En este campo quien tome las riendas del Ministerio Público tiene que redoblar los esfuerzos interinstitucionales para dar pasos más sustanciales que frenen esta sangría. Ocurre lo mismo con el repunte de otros fenómenos de desplazamiento forzado, masacres, asesinatos selectivos…
Igual podría decirse de la implementación de la Ley de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas, una de las banderas de la administración de Carrillo. No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que existe un grave incumplimiento por parte de los excombatientes desmovilizados en cuanto a un verdadero y concreto compromiso para entregar verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a los millones de colombianos afectados por la violencia, la barbarie y el terrorismo. Corresponde tanto a la Procuraduría como a la Defensoría del Pueblo -cuyo nuevo titular asumirá en los próximos días- redoblar esfuerzos en este campo ante las evidentes falencias en la aplicación de los cánones de la Ley de Justicia y Paz así como de la Jurisdicción Especial de Paz.
Otro de los campos en los que la actual Procuraduría ha avanzado de manera sustancial y que requiere seguir fortaleciéndose es el relativo a la utilización de la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial para poder hacer un seguimiento detallado y en tiempo real a las actuaciones de los despachos públicos. Una prueba de su utilidad es el papel trascendental que han cumplido los entes de control y vigilancia en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Una gran cantidad de anomalías en materia de contratación a nivel nacional, regional y local quedaron al descubierto, salvaguardando millonarias sumas destinadas a apoyar a los sectores más vulnerables.
Es claro que al procurador Carrillo le restan más de cuatro meses para apuntalar una labor esforzada y muy productiva en el Ministerio Público. Tanto desde el punto de vista preventivo como sancionatorio se ha avanzado de forma sustancial en el control disciplinario durante su periodo institucional, formando un frente común con otras entidades para combatir flagelos como la corrupción, el desgreño administrativo, la afectación del erario así como los fenómenos de violación de los derechos humanos y las garantías más fundamentales de la población. Una batalla diaria que estamos seguros seguirá la exministra y exmagistrada Margarita Cabello si, como todo parece indicarlo, es elegida la próxima semana como la primera mujer al frente de la Procuraduría en nuestro país.