En medio de la agitada agenda noticiosa poco eco tuvo el lanzamiento la semana pasada de la nueva carta de derechos y deberes para los usuarios del sistema de salud.
La confección de esa plataforma de obligaciones y beneficios estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
La nueva carta, denominada “Conozco mis Derechos y Deberes”, está destinada a ser una herramienta para la promoción de los derechos de los usuarios del sistema de salud. Se consolidaron dentro de la misma 23 derechos y 6 deberes.
Ahora viene lo más importante: promocionar la carta de forma tal que todos los afiliados y beneficiarios la interioricen, tengan conciencia de lo que pueden o no exigir a las entidades del sistema y, por esa vía, accedan de una forma eficaz y rápida a servicios de calidad. En la medida en que ello ocurra, cada paciente podrá saber cómo reaccionar cuando se le deniega determinado procedimiento o medicamento, a qué instancias debe acudir para que solucionen la falencia y cuáles son las sanciones a que se expone el que incurra en la violación de esa plataforma de derechos.
Este nuevo esfuerzo pedagógico complementa las reformas que se han establecido para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) no sólo informen a sus afiliados de cuáles son sus derechos y deberes, sino que se apliquen a cumplirlos sin trabas administrativas o engorrosa tramitomanía.
No hay que olvidar que la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional estableció la obligación de las entidades del sistema de salud de brindar a las personas la información necesaria para acceder a los servicios de salud con libertad y autonomía, permitiendo que elijan la opción que les garantice en mayor medida su derecho.
Todas esas reformas son importantes, no obstante es claro que el sistema requiere una cirugía de marca mayor y que la herramienta para concretar ese cambio de fondo es el proyecto de ley que cursa en el Congreso y que no ha podido avanzar en forma sustancial durante las últimas semanas en la Cámara de Representantes. Es más, ya se da por descontado que la iniciativa no recibirá este año la aprobación final y que lo más posible es que quede pendiente para surtir penúltimo o último debate a partir de marzo del próximo año.
Desde mitad de año, luego de la aprobación en el primer semestre de la ley estatutaria de salud, se había señalado que la crisis del sector es tan grave y estructural que era urgente que se aprobara la reforma legal complementaria. Se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, las bancadas y otros actores del sistema… Sin embargo, todo ese consenso inicial se fue desdibujando con el pasar de las semanas y los debates a la iniciativa empezaron a dilatarse por distintos motivos. Hoy la realidad es que la reforma a la salud, que es urgente y por lo tanto prioritaria dentro de la agenda legislativa, sigue trabada.