* Urge corregir tarea parlamentaria desde el 20 de julio
* El triste espectáculo de primeras dos legislaturas
Muchos y de alto calado en medio de un país cruzado por múltiples crisis. Así serán los retos que tendrá el Congreso a partir del próximo 20 de julio, cuando comienza la tercera legislatura. De entrada se pueden vislumbrar cuatro desafíos de nivel superlativo para senadores y representantes a la Cámara.
El primero es, sin duda, la urgencia de aumentar la productividad parlamentaria luego de dos años en que los controvertidos proyectos de reforma impulsados por el Gobierno se convirtieron en un cuello de botella para la discusión y aprobación del resto de iniciativas de ley y actos legislativos. El trancón generado en comisiones y plenarias ha sido de tal magnitud que una gran cantidad de propuestas se terminaron hundiendo por ausencia de debate.
Si bien es cierto que el Ejecutivo, al tenor de lo anunciado por el nuevo titular del Ministerio del Interior, tendrá como prioridad la aprobación de la reforma laboral (que arriba a segundo debate en plenaria de Cámara) y es seguro que se radiquen de nuevo las iniciativas de salud y educación (que se hundieron en el primer semestre), se espera que los partidos oficialistas, independientes y de oposición den cabida también a otra serie de proyectos que llevan mucho tiempo ‘haciendo cola’ pese a ser considerados urgentes para regular distintos temas y afrontar problemáticas.
Sería absolutamente inaceptable e injusto con el país que el Congreso siga marchando al paso de tortuga que impone el accidentado trámite de las reformas gubernamentales, sobre todo por la negativa de la Casa de Nariño a concertar sus alcances e implicaciones. Ya se han perdido dos años en este desgastante pulso político y legislativo.
Un segundo desafío tiene que ver con la necesidad de que el Parlamento se sacuda de los escándalos de corrupción que marcaron la segunda legislatura. Sería apenas ingenuo negar el daño que produjo a las ya de por sí cuestionables imagen, credibilidad y eficacia del Congreso el que muchos parlamentarios, empezando nada menos que por los presidentes del Senado y la Cámara, terminaran sub judice en el marco de las investigaciones sobre presuntos sobornos millonarios y contratación irregular con dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Igual puede decirse del lesivo escenario de polarización y rifirrafe constante entre las facciones gobiernistas y antigobiernistas que, al final de cuentas, se convirtió en un freno de mano a la actividad parlamentaria. No puede repetirse el triste espectáculo de muchas sesiones abortadas por rompimiento de quorum, un alud de mociones de censura, debates de control político llenos de insultos y al borde de la zambra, múltiples maniobras politiqueras de los ministros para romper la disciplina partidista de las colectividades independientes y de oposición, así como las ‘jugaditas’ del día a día para manipular la fijación de los órdenes del día y otras burdas violaciones al reglamento interno del Congreso…
Más allá de las naturales diferencias partidistas, es urgente un pacto por un ejercicio político y congresional de altura y transparente. Lo presenciado en los últimos meses raya en lo vergonzante. La elección limpia de las próximas mesas directivas de Senado y Cámara podría ser un primer escenario para poner en práctica estos correctivos. Luego vendrán otras pruebas de fuego, como las elecciones de defensor del Pueblo y procurador general.
Por otra parte, un tercer reto del Congreso a partir de este 20 de julio apunta a evitar cualquier intención de poner en pausa la actividad legislativa en tanto se define qué pasará con la polémica propuesta gubernamental de esta semana en torno a impulsar –por enésima vez– un “acuerdo nacional” que viabilice la posible convocatoria a una asamblea constituyente, que incluso se realizaría en el próximo mandato presidencial. Como lo advertimos en editorial de esta semana, el Parlamento, el país y las coyunturas más graves, como la descolgada económica o la inseguridad rampante, no pueden entrar en una especie de stand by por cuenta de un confuso planteamiento oficial que no solo recibió una negativa muy amplia en los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, sino que, además, buscaría artificiosamente adelantar la campaña electoral de 2026 y que la ciudadanía quite el foco de las problemáticas que hoy soporta Colombia por cuenta de los yerros de gestión y ejecución gubernamentales.
Por último, pero no menos importante, resulta claro que senadores y representantes a la Cámara están en mora de ser más determinantes en el análisis y toma de decisiones para afrontar asuntos que tienen contra la pared a la ciudadanía. Asuntos que no han podido abocar con seriedad y compromiso por estar todo el día imbuidos en la polarización política. Hay flagelos de distinto orden que han crecido al amparo de esa desatención parlamentaria, como la pérdida de control territorial, un pico de delitos de alto impacto, retroceso empresarial, déficit fiscal progresivo y mayores niveles de pobreza y desigualdad…
Como se ve, el Parlamento, que retoma labores el próximo 20 de julio, tiene una tarea muy compleja por desarrollar. La pregunta es una sola: ¿Aceptará los retos y corregirá el camino, o seguirá por la misma senda de desconexión de las realidades nacionales de los últimos años?