Apostar por metas de largo plazo

Hay 7 vigentes y se aspira a 17

NO pocos tratadistas sobre las que se consideran buenas prácticas de gobierno sostienen que las grandes diferencias entre los países desarrollados y aquellos que no lo son, o tardan mucho tiempo para llegar a serlo, radican en la capacidad de planificar más allá de la coyuntura y las contingencias diarias, mensuales o anuales. Las formas de administración que logran fijarse metas y cronogramas de macroproyectos a mediano y largo plazos son las que estructuran las bitácoras de progreso sólido y estructurado. En los regímenes democráticos, en donde son las urnas las que determinan la rotación de los ejecutivos a escala nacional, seccional y local, la posibilidad de embarcarse en proyectos de largo aliento siempre ha estado limitada por la duración de los respectivos períodos de mandato.

Para el caso colombiano, por ejemplo, los alcaldes y gobernadores suelen apostar por políticas, proyectos y programas que puedan desarrollar y aplicar durante su respectivo tiempo en el poder. Prima, por lo tanto, el cortoplacismo, más aún cuando la obsesión estadística de evaluar una gestión basada estrictamente en el nivel de cumplimiento porcentual de las metas del Plan de Desarrollo de la jurisdicción, ha llevado a que las administraciones municipales y departamentales eviten comprometerse en objetivos y políticas macro que requieran más de cuatro años. Y esa inclinación por el cortoplacismo se torna más preocupante al evidenciarse que los períodos cuatrienales de los alcaldes y gobernadores no lo son tanto, pues cuando asumen por lo general encuentran los presupuestos amarrados a punta del mecanismo de vigencias futuras y un año antes de dejar el cargo ya la campaña por la sucesión y la Ley de Garantías Electorales les restringen el margen de acción presupuestal, de contratación y ejecución. Se pensó, entonces, que la solución estaba en abrir paso a la reelección inmediata en departamentos y municipios, pero ya está comprobado que esta figura trae más problemas que soluciones, y prueba de ello es que en casi una veintena de ocasiones la propuesta se ha hundido en el Congreso.

Es allí, precisamente, en donde la figura de los Contratos-Plan, que el gobierno Santos diseñó y puso en funcionamiento, se está tornando en una ruta efectiva para que las regiones puedan apostar por proyectos de gran envergadura e impacto estructural en materia económica, social e institucional. La figura la copió el Ejecutivo de un esquema existente en Francia mediante el cual las regiones y el Ejecutivo central firman contratos para que los planes de desarrollo no se modifiquen de acuerdo con la voluntad del gobernante de turno. De esta forma, los objetivos, programas y presupuestos de largo plazo se mantienen en el tiempo, asegurándose así la consecución de los resultados.

De acuerdo con el último balance presentado por el Departamento Nacional de Planeación, se desarrollan siete Contratos-Plan, con un promedio de 49 proyectos de gran importancia regional, en los cuales se tienen programados recursos por 12,6 billones de pesos, algunos de los cuales alcanzan niveles de ejecución superiores al 50 por ciento.
Esos Contratos-Plan ya están en marcha con los departamentos de Arauca, Atrato Gran Darién, Boyacá, Cauca, Nariño, Santander y Tolima. Dados los resultados que está dando esa primera ola, para el año que está por comenzar el Gobierno apunta a doblar la apuesta y que se llegue a 17. Es más, en los últimos días el Conpes aprobó  la creación de una bolsa común para la financiación de Contratos-Plan para las regiones. El Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías y los presupuestos de  departamentos y los municipios aportarán dineros para crear un fondo quinquenal.

Para garantizar que cada uno de esos Contratos-Plan cumpla con los objetivos propuestos, todos se armonizan no sólo con el Plan Nacional de Desarrollo (el vigente y el que comenzará a discutirse en febrero en el Congreso), sino también con los planes de desarrollo departamentales y municipales. La idea es que las administraciones seccionales que puedan estructurar una propuesta objetiva y eficaz, la presenten y si es aprobada accedan a los recursos de esa bolsa presupuestal.

Las oportunidades de apostar en grande en las regiones están, pues, dadas. Lo importante es que en pleno año electoral los mandatarios departamentales no se distraigan en el cierre de sus períodos o crean que la obligación de un Contrato-Plan les corresponderá a quienes les sucedan en el cargo el 1º de enero de 2016. Para entonces ya puede ser tarde.