- Urge análisis serio a petición de cinco países
- Hay fallas graves suficientemente advertidas
La justicia supranacional es quizá uno de los conceptos más debatidos desde que se planteó, en el siglo pasado, como un mecanismo para asegurar el castigo a los culpables de delitos atroces y de lesa humanidad, ya fuera porque los sistemas jurídicos internos de los países en donde se cometieron tales infracciones no tenían la capacidad para investigar y condenar a los responsables o porque simple y llanamente no había la suficiente voluntad política e institucional para perseguirlos y aplicarles una pena proporcional a sus gravísimas faltas. Fueron décadas de discusión para avanzar en la tipificación de los delitos que esa jurisdicción global o suprarregional podía abarcar, cómo y cuándo activarla y cuáles eran sus límites para no lesionar los principios de soberanía judicial y autodeterminación de cada nación.
Colombia, víctima de un largo conflicto armado interno, ha sido protagonista principal de todos estos debates, no solo por la alta incidencia de delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio, sino porque es firmante de la mayoría de los tratados, convenciones y estatutos sobre protección de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Al avanzar la segunda mitad del siglo pasado cada vez fue más evidente la decisión estatal de acudir, en un ámbito claramente complementario y subsidiario frente a la justicia local, a instancias supranacionales como mecanismo para tratar de frenar la violencia indiscriminada, disminuir los amplios márgenes de impunidad e incluso utilizarlas como mecanismo de presión para forzar a los actores armados ilegales a cesar la barbarie, someterse al imperio de la ley o embarcarse en salidas negociadas a la confrontación.
Dos ejemplos claros de esa apuesta por la justicia supranacional son la sujeción voluntaria e irrestricta de nuestro país al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos así como al Estatuto de Roma. El primero tiene como sus dos principales brazos ejecutores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en tanto el segundo a la Corte Penal Internacional (CPI). En las dos comisiones de ámbito continental muchos asuntos que involucran al Estado han sido investigados y fallados, mientras que la CPI tiene en estos momentos la lupa puesta sobre el sistema de justicia transicional derivado del acuerdo de paz con las Farc.
Visto ello y dada la larga tradición de nuestro país en cuanto a respetar los tratados internacionales suscritos, al punto que hacen parte de su bloque de constitucionalidad, resulta de trascendental importancia la carta que a comienzos de este mes los gobiernos de Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay enviaron a la CIDH haciendo una serie de observaciones sobre el estado actual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En dicha misiva los cinco países reafirman inequívocamente su compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, reconocen el rol trascendental cumplido por la Comisión y la Corte así como el valor fundamental que tiene el mecanismo de peticiones y casos individuales. Sin embargo, señalan que hay fallas en el sistema que están generando serios problemas, razón por la cual sugieren una serie de ajustes que -consideran- redundarán en un incremento en los niveles de protección de los derechos humanos, no solo en las cinco naciones firmantes sino en todos los Estados de la OEA. De un lado se urge adoptar medidas urgentes para reducir el atraso en el trámite de peticiones ante la CIDH, mejorar la economía procesal en los casos ante la Corte y “una estricta aplicación de principios fundamentales del Sistema, como son el principio de subsidiariedad o el margen de apreciación de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
En segundo lugar, los cinco gobiernos recalcan que en sus respectivos países impera el Estado de Derecho y hay una institucionalidad sólida y eficaz que consagra mediante procesos democráticos un amplio espectro de derechos y garantías. Bajo esa premisa de legitimidad, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay hacen un “llamado a que se respete el legítimo espacio de autonomía de cada Estado y, en especial, a que los órganos del Sistema tomen en consideración las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados, en especial al momento de decretar medidas de reparación, las cuales deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del Estado de Derecho”.
No es un asunto menor el que los cinco países están planteando. Muchas de esas falencias han sido suficientemente advertidas en el pasado. Por lo mismo se espera de la Comisión y la Corte, así como del pleno de la OEA, un análisis serio y profundo de los ajustes sugeridos, sin ningún tipo de prejuicio ni preconcepción. Es lo que procede porque se trata de cinco gobiernos que respetan y acatan los principios básicos de la Carta Democrática.