- El desborde tributario
- La feria del despilfarro
Como se sabe, el sistema tributario colombiano, con su Ley de Financiamiento aprobada ayer para suplir los huecos de la vigencia de 2019, está dirigido básicamente a conseguir recursos extraordinarios para saldar los presupuestos por lo general proyectados sin rigor fiscal alguno, así como a dar curso a unos rubros de funcionamiento bajo un incremento rutinario y a cubrir los saldos de un Estado cuya obsesión consiste, desde tiempos recónditos, en acrecentar a como dé lugar la capacidad de gasto dentro de unos criterios discutibles de inversión que más bien responden a una noción asistencialista irremediable y que demuestran la precariedad de una economía que subsiste en muletas.
No es de extrañar, entonces, que buena parte del presupuesto nacional, no sólo esté orientado al gasto, sino que mantiene altas dosis de subsidios de todo tipo, síntoma inequívoco de que una alta porción de la población no hace parte de la corriente económica normal o debe ser auxiliada para no terminar de desfallecer. La inversión social, a su vez, está mediatizada por un sector salud en quiebra permanente, fruto de las elevadas cargas de un régimen insostenible que pretende un cubrimiento total, pero apenas es soportado en los exiguos aportes de los trabajadores minoritariamente formalizados. En igual medida, los cálculos pensionales indican un gigantesco desnivel frente a la variable matemática adoptada cuando el promedio de vida, y por tanto la edad de jubilación, era sustancialmente diferente a las realidades contemporáneas, generando un déficit irremontable. De la misma forma, los recursos para la educación suelen destinarse, en su grandísima mayoría, para pagar la nómina voluminosa, aunque eso lo tildan anti técnicamente de inversión. Por su parte, la deuda ha llegado a una cota asfixiante, además golpeada, en el último lustro, por la estruendosa devaluación del peso. Al mismo tiempo, el Estado se resiste a su reducción ineludible, para aliviar el nivel del gasto y mejorar el aporte social, y el Congreso pierde oportunidades de oro como la de eliminar contralorías y personerías departamentales y locales, sólo para dar un ejemplo a la mano y no adentrarnos en la inútil permanencia de otras entidades emblemáticas del despilfarro estatal. Y de colofón, como no, está nada menos que la corrupción, la llaga irritante sobre cuya pestilencia se ensanchan los agentes patógenos que destruyen la legitimidad y procedencia de las actuaciones fiscales.
Bajo este panorama es fácil entender que el aparato tributario colombiano, además de situarse muy lejos de cumplir con su obligación redistributiva, está, de otra parte, fundamentalmente encaminado a dejar de lado los ingentes requerimientos de una economía productiva como factor esencial e irremplazable del progreso social. Por el contrario, parecería considerarse que el empleo parasitario, las entidades superfluas, los intersticios que se mantienen para la consolidación de las corruptelas, el castigo a la competitividad y a los inversionistas, son los elementos indispensables que deban servir al país para sacarlo del atolladero de las reformas tributarias endémicas. Semejante distorsión desdice, por supuesto, de los sanos criterios conservadores, ya erigidos constitucionalmente, que inculcan un intervencionismo de Estado sujeto a una planeación irrestricta, precisamente dirigida a fomentar una cultura estatal proclive a la austeridad, la disciplina y la concertación, en virtud asimismo de equilibrar las deformaciones del capitalismo a rajatabla. Y entonces, para hacerse perdonar su malformación conceptual, el Estado recurre a exenciones que, si bien constituyen alicientes preferenciales para unas pocas industrias, vician el sistema general o de un lado baja unos impuestos para de inmediato recuperarlos por el otro.
De otra parte, como la Ley de Financiamiento quedó prácticamente en las manos impredecibles del Congreso, se sacaron de la manga propuestas que terminarán afectando gravemente al consumidor. La intempestiva sobretasa bancaria hará que el crédito y las operaciones financieras se encarezcan y se trasladen los costos al usuario. Esto, en un país donde no hay ahorro, sino préstamos, y donde la liquidez es cada vez más difícil de conseguir, resultará una paradoja costosísima. Lo mismo ocurrirá con la parálisis en la venta de vivienda. Y no menos sucederá con los nuevos gravámenes a cervezas y gaseosas. En suma, para no tocar otros casos, una deflación del consumo y el circulante. Todo ello, además, con la insensatez concomitante de autoadjudicarse el Congreso, en una ley paralela, una colosal partida de 10 billones de pesos, inclusive mucho más alta que el monto total a recaudar en la propia Ley de Financiamiento, en lo que podría llamarse el rubro de “mermelada” dentro del insuficiente presupuesto de inversión nacional.
Queda todavía la esperanza, sin embargo, de que el Gobierno recupere la iniciativa y nos sorprenda con un Plan de Desarrollo realista. No sería mucho pedir.