* El asedio de los grupos armados

* Control estatal del territorio

El reciclaje de la violencia en varias regiones del país, confirmado en las últimas semanas por sendos informes de la Cruz Roja Internacional y de una agencia de la ONU, sigue prendiendo las alarmas sobre el creciente nivel de afectación de las poblaciones, sobre todo en su área rural.

Una de las instancias más golpeada por esta dura realidad son las Juntas de Acción Comunal, que sin lugar a dudas constituyen la organización social de base más antigua y extendida que tiene el país. Hoy hay más de 45 mil en todo el territorio y se han convertido para millones de colombianos en el primer y principal puente de relación de relacionamiento e interacción con las autoridades locales e incluso departamentales.

Sin embargo, el creciente accionar de la guerrilla del Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc, así como facciones de las bandas criminales, carteles del narcotráfico y de minería criminal y de delincuencia común, está poniendo en peligro cada vez más la labor de los dirigentes comunales.

En un informe dominical de este Diario quedó en evidencia que los grupos armados están aumentando sus amenazas e intimidaciones a muchas Juntas de Acción Comunal, sobre todo las que funcionan en veredas y corregimientos alejadas de los cascos urbanos. Los testimonios de algunos integrantes de estas organizaciones sociales así como los diagnósticos de expertos en dinámicas de conflicto armado coinciden en que los dirigentes comunales son de los líderes sociales que en los últimos años han sido blanco de más asesinatos y amenazas por parte de la delincuencia en sus distintas facetas.

La cuestión llega al extremo de que en algunos municipios los habitantes de determinadas áreas campesinas se abstienen de participar en las Juntas o hacer parte de sus directivas, por temor a quedar en la mira de los grupos ilegales que ven en estas instancias y su relacionamiento con las alcaldías y demás autoridades locales un riesgo para sus actividades ilícitas. Incluso, se les prohíbe a las Juntas tener algún tipo de contacto con la Policía y hasta gestionar arreglos de vías veredales, brigadas de salud o cualquier otra diligencia que les pueda parecer sospechosa o riesgosa para sus actividades criminales.

Se trata, sin duda alguna, de una situación que exige una reacción inmediata y efectiva del Estado. El liderazgo social de las Juntas de Acción Comunal es un activo que no se puede dejar debilitar o amedrentar por parte de los grupos armados ilegales. No debe el país volver a aquellos tiempos aciagos donde la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y otras facciones delincuenciales imponían a sangre y fuero sus criterios a la atemorizada población. Es absolutamente evidente que un aparato institucional que no es capaz de imponer la autoridad serena y legítima en todos los rincones del territorio, difícilmente genera credibilidad y acatamiento entre los habitantes.

Esta premisa de protección y preservación del liderazgo comunal se vuelve aun más importante en momentos en que se abre la posibilidad de que las Juntas puedan volverse contratantes de obras y proyectos financiados con dineros públicos. Hay que blindar estos recursos de las redes de corrupción que han esquilmado por años a las zonas con necesidades básicas más insatisfechas.

Se requiere, por tanto, la formulación de un plan de choque que permita brindar un esquema de seguridad efectivo a los dirigentes comunales cuyo rol en una gran cantidad de municipios aislados del país termina siendo irremplazable. Son las Juntas las que gestionan y consiguen fondos oficiales para muchas obras y proyectos claves para la comunidad. También son los principales instrumentos que tienen las alcaldías y las gobernaciones para conocer las realidades de la población rural y cuáles deben ser las prioridades de asistencia presupuestal a las mismas. Así mismo, son estas organizaciones las que sirven de puente para que los vecinos de determinado sector interactúen con las autoridades para asuntos tan recurrentes como un problema de delimitación de linderos, la necesidad de dotar la escuela rural, el arreglo de una vía clave para movilizar productos agrícolas e incluso la solicitud de asistencia policial en casos de violencia intrafamiliar… Todo este acumulado de liderazgo y trabajo comunitario es el que está hoy en riesgo por el rebrote de la violencia en determinadas zonas del país. Es allí en donde se requiere la intervención urgente de todo el Estado.