* Varios de los proyectos clave en vilo

* La pesada agenda prevista para julio

La segunda legislatura del actual cuatrienio entró en la recta final. Faltando escasas cinco semanas para que terminen las sesiones ordinarias en Senado y Cámara de Representantes, es claro que varios de los principales proyectos de ley y reformas constitucionales han transitado una ruta bastante accidentada, a tal punto que hoy es incierta la suerte que puedan correr.

Las mayores alarmas están encendidas en torno del ajuste a la Rama Judicial. Desde mediados de marzo la iniciativa sigue sometida a una cirugía permanente, con fuertes bandazos, altibajos en materia de consensos con las altas Cortes y un Gobierno forzado a maniobrar reiteradamente para hacer más potable el articulado y evitar que en el mismo se cuelen incisos y parágrafos que atenten contra el equilibrio de los poderes o establezcan escenarios que traben las investigaciones contra los congresistas y otros altos funcionarios aforados. La tarea no ha sido nada fácil y la polémica está a la orden del día, así como las voces que urgen el archivo de la iniciativa. Lo cierto es que restando cinco semanas apenas se superó el quinto debate y sólo el martes se radicó la ponencia para el sexto en la plenaria del Senado. Se vislumbra una discusión muy agitada en esta instancia y luego estará el reto de los últimos dos debates en la Cámara, en donde es muy posible que las modificaciones se multipliquen y hagan más incierto el panorama de la que, sin duda alguna, es la principal apuesta de la legislatura y tiene el reloj corriendo en su contra.

No menos complicado está el panorama para otro de los proyectos de mayor eco de este período en el Congreso: el Marco Legal para la Paz. La iniciativa, que según sus defensores busca crear un nuevo mecanismo para aplicar el modelo de justicia transicional y dotar al Estado de una herramienta más audaz para promover la desmovilización de guerrilla, grupos neoparamilitares y otros factores generadores de violencia, naufraga en medio de la polémica. Mientras algunos consideran necesaria esa ley, otros advierten que abre una peligrosa ventana hacia la impunidad.

Paralelo a ello se encuentra el proyecto de reforma al fuero militar. La propuesta, que provocó grandes debates desde su inclusión a finales del año pasado en la Reforma a la Justicia, terminó siendo retirada de la misma en medio de una dura discusión. Si bien el proyecto independiente avanzó rápido en las últimas semanas, persiste la controversia respecto de si el mecanismo que se planteó para fortalecer el fuero de investigación y juzgamiento a integrantes de la Fuerza Pública pasaría el examen de la Corte Constitucional y, luego, cuánto tardaría su completa reglamentación.

En medio de la preocupación por la suerte de las tres iniciativas mencionadas, sorpresivamente el Gobierno llevó el foco mediático hace tres semanas hacia un nuevo proyecto: el que viabilizará la propuesta de entregar 100 mil viviendas a las familias más pobres. La iniciativa llegó con mensaje de urgencia y dada la expectativa nacional por sus implicaciones se espera que avance rápidamente en los estertores de la legislatura.

Y como si todo lo anterior fuera poco, el proyecto de reforma tributaria, que en enero pasado se dijo sería radicado en marzo, ya no llegó en este período legislativo, pero aún así arrastra una polémica de marca mayor al filtrarse algunos de sus apartes, en especial los relativos a la ampliación de impuestos y sus bases de pagadores.

Como se ve, una radiografía de la legislatura que está a punto de terminar evidencia que las iniciativas más clave se encuentran en cuidados intensivos, a tal punto que es muy probable que una o dos de ellas se hundan irremediablemente.

Lo más complicado de todo es que la agenda para la tercera legislatura se vislumbra muy movida, ya que tendrá que medírsele a proyectos complejos como los de reforma tributaria y pensional, Ley de Desarrollo Rural, nuevo Código Minero y la cirugía a fondo de las corporaciones autónomas regionales. Todo ello sumado a otras iniciativas que vienen en tránsito. Incluso termina pareciendo afortunado que la reforma a la educación superior, que se suponía urgente, se aplazara para 2013.

Lo único que resta esperar es que Gobierno y bancadas sean conscientes de que la premura del tiempo no debe llevar a aprobar proyectos sin el suficiente análisis y sopesación. A mediados de junio se sabrá.