*La ambivalencia del “fin del conflicto”
*El Congreso no puede pasar agachado
Como se sabe el llamado “fin del conflicto” es más un formalismo que una realidad actuante al momento de firmarse el acuerdo. Es decir que se trata de estampar las rúbricas de las dos partes, de modo que quede suscrito el documento en principio para el próximo 23 de marzo, pero se sabe que, en caso tal, vendrá un período tan o más difícil que el de los últimos cuatro años. Y así es porque, en realidad, temas tan sensibles como el cese de fuegos bilateral, la refrendación, la aplicación de lo pactado y la instrumentación del desarme y la desmovilización tan solo se harán realidad posteriormente y en un lapso extendido, también por dilucidar y aparentemente por etapas.
Así las cosas, la firma del “fin del conflicto” es importante porque señala un propósito, pero está lejos de significar lo que los colombianos pensarían de acuerdos similares a los del M-19, el EPL o los bloques paramilitares. En ellos, como se sabe, el fin del conflicto se selló con la entrega de las armas, el indulto o la amnistía, la incorporación a las lides políticas o, en el caso de los últimos, el paso a la prisión en consonancia con las penas alternativas acordadas. En el proceso de La Habana no es así. Se firma el “fin del conflicto” pero quedan pendientes un sinnúmero de asuntos por materializar.
Supóngase que de aquí al 23 de marzo se logra superar todo lo que ha despertado tanta polémica y que aún está por definirse. Por ejemplo, que las Farc ceden y avalan el plebiscito y la Comisión Legislativa Especial, dejando a un lado la Constituyente. Igualmente que concuerdan en un dos por tres los múltiples disensos en los temas pendientes en cuanto a los preacuerdos de agricultura, tierras y demás. También que logran pasar de inmediato al cese el fuego localizado con miras al desarme, por lo demás con el protocolo de verificación de la ONU ya listo y debidamente editado para el escrutinio público. Y asimismo, para no prolongar la lista, que se pacta la forma de nombramiento de los magistrados nacionales e internacionales de la jurisdicción especial y que, no menos importante, la opinión nacional e internacional cambia repentinamente en favor de lo estipulado por las partes en justicia transicional. Supóngase que todo esto pasa en menos de un mes y se firma el “fin del conflicto” el 23 de marzo, aun así queda por delante todo el desarrollo de lo en ese instante acordado. Comenzando, claro está, por el plebiscito que ni siquiera tiene aval constitucional y es muy posible que sea modificado por cuanto tendrá la Corte que aterrizar una figura que ha sido remendada para aparentar lo que no es.
En medio de todo lo anterior, en la actualidad se debate en el Congreso la reinstauración de las zonas de despeje, de distensión o de ubicación, para la localización de los frentes guerrilleros y, a partir de su inmovilización en tales sitios, permitir un cese de fuego verificable. Sea lo que sea, el Congreso, a lo menos para su mínima ilustración, debería empaparse, discutir el tema abiertamente y no caer en la resignación de sus funciones, que es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo en una clara erosión de la democracia colombiana.
Después de la controversia suscitada en el país por este tipo de mecanismos, tanto como que el propio Gobierno actual decidió eliminarlos, no podría el Parlamento evadir lo que a todas luces es materia del interés nacional. No se trata, desde luego, de entrometerse en el proceso de La Habana, pero sí de fijar unas características esenciales y unos linderos legales para que el Gobierno sepa en qué territorio jurídico moverse. No conllevaría ello, en lo absoluto, “mala leche”, como dice algún ministro cuando se disuelve el quórum al estudiar la materia en el hemiciclo, sino que sería benéfico como medida de salvaguarda para la Administración. Si el propio ministro, vocero gubernamental, no quiere que haya “Caguán”, pues que se legisle al respecto como en efecto el mismo Congreso lo hizo con su propia participación cuando suprimió este tipo de instrumentos bajo la iniciativa del Gobierno actual. De modo que la palabra la tiene el Parlamento, sabedores en todo caso que posiblemente se volverá a las votaciones como recua y sin la suficiente ilustración obligada. Aun de tal modo es bueno advertir desde ahora para que después, en el desarrollo del “fin del conflicto”, no vayan a darse problemas y se entorpezca lo que se presumía acordado.