- Interconexión laboral, pensional, tributaria y anticorrupción
- Gobierno, Congreso y el país deben actuar coherentemente
Una de las mayores críticas a las reformas legales y constitucionales en Colombia se refiere a que muchas de ellas desconocen que el andamiaje normativo es un conjunto sistémico y articulado, por lo que cualquier modificación institucional no tiene efectos aislados sino impactos transversales y sectoriales. Precisamente por no tener en cuenta esta premisa es que en no pocos casos en nuestro país las leyes y actos legislativos son seguidos de una serie de reglamentaciones, decretos y otras directrices que buscan correctivos o suplir vacíos de las citadas normas.
Todo lo anterior debe tenerse en cuenta ahora que se instala la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Dicha instancia, como se sabe, es el escenario en donde Gobierno, sindicatos y empleadores analizan asuntos de primer interés como la evolución de la capacidad de poder adquisitivo, variables de desempleo, índices de formalización, coberturas de seguridad social, perspectivas pensionales, caracterización del mercado laboral y otros elementos.
Sin embargo, en la instalación hoy de la referida Comisión hay un tema coyuntural que, sin duda, tiene expectante a todo el país: la propuesta del partido de gobierno, el Centro Democrático, en torno a viabilizar un aumento extraordinario y por una sola vez del salario mínimo este año. Si bien es cierto que la iniciativa no ha recibido todavía el aval del Ejecutivo, aunque se presume que lo tendrá pues fue una promesa de campaña, no hay claridad en cuanto a su viabilidad, impacto en la estructura de costos empresariales y la mecánica de aplicación.
Sin embargo, es evidente que esta tempranera discusión salarial, no se puede analizar de forma aislada. Como se dijo, hay que pensar en el escenario transversal y sistémico. Por ejemplo, el aumento extraordinario del sueldo básico tiene una relación directa con el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno está preparando y en el cual se tocarían asuntos de alto impacto como la disminución de impuestos a las empresas o la posibilidad de gravar con IVA la mayoría de los productos de la canasta familiar. Así que el reajuste, ordinario o extraordinario, a la remuneración básica no se puede avanzar sin saber cuáles serán las nuevas reglas del juego en materia de impuestos a los empleadores y empleados.
De igual manera, ya está claro, al menos por la planificación de metas a corto, mediano y largo plazos del Departamento de Planeación Nacional, que la reforma pensional no será radicada en el Congreso este año, pese a que tanto el sector privado como los sindicatos, la academia, los centros de estudios económicos, la OCDE y los entes financieros internacionales urgen un ajuste al régimen de jubilación en cuanto a cobertura, edades y tiempo cotizado.
Como una prueba más de la transversalidad de las reformas en este campo, uno de los puntos centrales de la cruzada anticorrupción tiene que ver con la disminución de los salarios de los congresistas y altos funcionarios. Sin embargo, como ya estaba advertido, proceder en ese sentido impactaría el resto de las escalas de sueldos del sector público. De allí que, por ahora, la idea que se está abriendo campo tiene que ver con la congelación de lo que ganan los parlamentarios por ocho o diez años, en principio.
Como se ve, las reformas laboral, tributaria, pensional e incluso la anticorrupción no se pueden considerar como islas inconexas, cuando es más que evidente que tienen elementos comunes y sistémicos que obligan a analizar con sumo cuidado los efectos que los cambios en un sector tienen en los otros.
Visto lo anterior, es obvio que el Gobierno, el Congreso, el sector privado y los sindicatos deben tener en cuenta que las reformas que están sobre la mesa tienen verse como un todo. No hacerlo podría llevar al conjunto normativo a un escenario incoherente y contradictorio, en donde los ajustes de fondo que se requieren en distintos sectores terminarían llevando, como enseña el conocido refrán, a que fuera peor el remedio que la enfermedad.