A medida que las investigaciones de la Fiscalía se profundizan en torno a las circunstancias de la muerte del niño de escasos dos años de edad, Dilan Santiago Castro, en Bogotá, es claro no solo que el menor fue asesinado, sino que las versiones de los familiares en torno a las circunstancias en que el menor desapareció y cómo se pudo producir su fallecimiento son más confusas y sospechosas.

Como es apenas natural este caso ha tenido un amplio impacto en la opinión pública de todo el país. Inicialmente movilizó a muchos sectores con la esperanza de encontrar al niño con vida y, después del lamentable hallazgo de su cuerpo, se multiplican las voces de condena a su asesinato y la exigencia para que los culpables sean identificados y castigados con la máxima pena posible en Colombia.

Además del informe forense que determina que el bebé fue asfixiado y que el área rural en donde fue encontrado, en un sector de Usme, al sur de la capital del país, no fue el lugar de la muerte, se sabe que la Fiscalía ya tendrían varias hipótesis y líneas de investigación de podrían llevar a que en pocos días se esclarezca el crimen. Afortunadamente la ciudadanía ha colaborado con información vital para resolver este caso.

Más allá de cuál sea el desenlace final de las pesquisas por la muerte de Dilan Santiago, su asesinato pone al país de nuevo ante una pregunta que surge a cada tanto, ya que no hay semana en la que no se denuncien homicidios, agresiones sexuales, violencia intrafamiliar y otros graves atropellos contra menores de edad.

¿Qué pasa por la mente de una persona capaz de arrebatarle la vida a un ser inocente e indefenso? ¿Cómo es posible que se llegue a este nivel de descomposición en la sociedad colombiana? ¿Las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que establecen que en estos casos la condena puede llegar hasta los 60 años de cárcel sin derecho a rebajas ni flexibilidades penitenciarias, no están teniendo el efecto disuasivo que se esperaba entre los potenciales agresores y homicidas?...

Hay que llamar a una reflexión nacional frente a esta situación crítica. No se puede permitir que los infanticidios se continúen multiplicando. Urge una acción interinstitucional más efectiva, sobre todo para encontrar a tiempo señales de alerta de menores de edad en peligro. Una tarea en la que la sociedad es crucial, al ser la primera en detectar esta clase de situaciones de riesgo.