* En vilo cupo en Corte Constitucional
* Proceso ya quedó para el próximo año
Más allá de las razones que tienen dilatado el proceso de elección de un magistrado de la Corte Constitucional, es preocupante el hecho de que sólo en marzo del próximo año el Senado pueda estar procediendo a la escogencia de uno de los nueve titulares del tribunal judicial de mayor jerarquía en Colombia. Una preocupación que se hace más evidente porque no sólo se trata de reemplazar a un jurista cuyo período desde hace tiempo se sabía vencía en septiembre pasado, sino porque la conformación de la terna, que le corresponde al Consejo de Estado, no se ha podido concretar hasta el día de hoy.
Según un informe publicado ayer por este diario, el pasado 22 de octubre el pleno del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo escuchó a los 20 candidatos que continúan en el proceso para integrar la terna. Se esperaba que tras las exposiciones de los aspirantes, la plenaria del Consejo de Estado no se demorara mayor tiempo en escoger a los tres postulados y remitir así la respectiva plancha al Senado para que éste pudiera fechar la audiencia pública y la sesión de elección del magistrado. Sin embargo, nada de ello se ha concretado y los rumores en los círculos jurídicos es que hay un pulso político e ideológico en el alto tribunal en torno de cuál debe ser el perfil de quienes sean proyectados como candidatos a un escaño en la Corte Constitucional.
Lo más grave es que ya faltan escasos nueve días para que termine este primer tramo de la legislatura parlamentaria. Teniendo en cuenta la gran carga de proyectos pendientes de aprobación o avance en la plenaria del Senado en esta última semana de trabajo, prácticamente es imposible que así el Consejo de Estado pudiese confeccionar la plancha de postulados y enviarla a la corporación legislativa en los próximos días, se encuentre espacio y tiempo en la agenda legislativa para evacuar un asunto de tanta trascendencia institucional.
Así las cosas, la elección sólo se daría después de mediados de marzo, cuando se reanuda la actividad legislativa. Es decir, casi siete meses después de la salida del magistrado al que se le cumplió el período.
Para nadie es un secreto que la Corte Constitucional tendrá el próximo año que realizar exámenes de exequibilidad a leyes y actos legislativos -hoy en trámite- que generan una gran controversia a nivel nacional, como los relativos al fuero militar, las uniones homosexuales y la eutanasia, entre otros. De allí que, según se especula en algunos corrillos jurídicos, la elección del nuevo magistrado haya tomado tanta importancia pues su voto podría inclinar la balanza en la ruta jurisprudencial que la Corte tome frente a cada uno de esos asuntos de alta controversia que llegaran a su conocimiento para surtir el respectivo examen constitucional. Esa clase de especulaciones resultan aún más lesivas para toda la cúpula judicial, pues se transmite la falsa idea de que los fallos de los máximos tribunales no se basan en las interpretaciones objetivas de lo mandado por la Carta y la jurisprudencia derivada, sino que el sentido de las sentencias está influido de forma sustancial por los criterios y posturas ideológicas subjetivas de cada magistrado.
Para erradicar esa clase de especies que están circulando, se requiere que el Consejo de Estado proceda, de una vez por todas, a confeccionar la terna. Ya se ha surtido buena parte del proceso con la preselección de inscritos así como en la audiencia en que cada candidato expuso no sólo los méritos y trayectoria que lo acreditan para ocupar un escaño en la Corte que se encarga de la guarda de la Constitución, sino qué tanto conoce de la línea jurisprudencial fijada por la misma.
Ya en líneas más generales, es claro que las trabas que se están presentando en la escogencia de los magistrados de la Corte Constitucional una vez más ponen en evidencia que se requiere una reforma de fondo en la estructura de la Rama. Lamentablemente la que este año se proyectó e incluso llegó a ser aprobada por las plenarias de Cámara y Senado tuvo que ser hundida por la vía excepcional de las objeciones presidenciales, pues de haber entrado en vigencia habría generado un impacto lesivo en todo el sistema de administración de justicia.
A estas alturas de la legislatura parlamentaria y en la antesala del arranque de la vacancia judicial, no le queda al país más que resignarse a que cuando se reinicie el Congreso, en marzo, ya esté lista la terna para la elección del magistrado y ese proceso se finiquite en tiempo récord.