- Los líderes sociales continúan cayendo
- Es urgente reformular estrategia oficial
La racha mortal que sigue azotando a los líderes sociales en Colombia pone de presente que las políticas y planes de choque activados en los últimos años para enfrentar la escalada de asesinatos, atentados y otras intimidaciones a quienes ejercen algún tipo de papel preponderante dentro de las comunidades o en la solución de determinadas problemáticas no han dado los resultados esperados.
Los homicidios de una gestora cultural en zona rural de Tumaco (Nariño) y de un activista campesino en Pitalito (Huila), ocurridos en los últimos días, tienen varios elementos coincidentes que, a su vez, sirven para ejemplificar la dificultad que implica una protección eficaz a este nicho poblacional. En primer lugar, las autoridades han advertido que en ninguno de los dos casos se conocía o se había denunciado amenazas puntuales y directas contra las víctimas que llevaran a la necesidad de evaluar, desde tiempo, atrás su nivel de riesgo y dotarlos de las medidas de seguridad consecuentes. En segundo término, es claro que ambos departamentos han sido zonas en donde los ataques a los líderes sociales son recurrentes y, por lo tanto, todo aquel que ejerza una actividad de este tipo, sin importar específicamente en qué sector o causa, termina siendo un blanco potencial de los actores delincuenciales y violentos que operan en esas regiones. Y, por último, resulta evidente que el Estado no ha podido encontrar una ruta de acción más eficaz para hacer frente a esta compleja circunstancia, de allí que la tragedia humanitaria no se haya podido detener o neutralizar en forma sustancial.
Más allá de las “exhaustivas investigaciones” que la Fiscalía, la Policía, y demás autoridades han anunciado para tratar de encontrar a los autores materiales e intelectuales de los dos crímenes de esta semana, lo cierto es que la política general de protección a los líderes sociales sigue teniendo un perfil marcadamente reactivo a los ataques, en lugar de enfocarse en el aspecto preventivo, que termina siendo, por obvias razones, el más urgente e importante. Aunque pueda sonar un poco extremo dentro del concepto clásico de mecanismos de protección a personas en riesgo, parecería que es necesario aplicar en Colombia una estrategia más audaz en cuanto a considerar el liderazgo social como una actividad de alta exposición al peligro y, por ende, a todo aquel que la ejerza debe dársele ipso facto un estatus de potencial víctima, sin la necesidad de que ella o las autoridades de la región en donde desarrolla su labor hayan denunciado o detectado algún tipo de amenaza puntual, directa o indirecta.
Sin embargo, como lo hemos reiterado en estas páginas, para que ello sea viable en el día a día se requiere de una cualificación de lo que significa el liderazgo social, ya que en estos momentos dentro de este concepto cabe una gran cantidad de actividades que hace muy difícil la diferenciación de este nicho poblacional. Hoy bajo el término “líder social” se engloban roles tan distintos como el de los activistas de derechos humanos, gestores culturales, voceros de organizaciones campesinas, integrantes de juntas de acción comunal, impulsores de procesos de restitución de tierras o de causas de reparación a víctimas del conflicto, activistas de procesos de preservación ambiental, promotores de mecanismos alternativos de erradicación de cultivos ilícitos, defensores de presos políticos, voceros de organizaciones de minería artesanal, opositores de proyectos de infraestructura… En fin, una inmensa cantidad de personas que al ser catalogadas todas como “líderes sociales”, sin ningún tipo de diferenciación ni cualificación sobre su causa, ámbitos en donde la abanderan, actores violentos que los consideren potenciales enemigos y otra serie de caracterizaciones específicas, hacen muy complicado proyectar un marco eficaz y particular para brindarles seguridad.
Visto todo lo anterior, queda en evidencia que el problema de la protección a los líderes sociales va mucho más allá de si éstos denuncian o no amenazas previas, o de si las autoridades actúan ágilmente ante ese nivel de riesgo. El lío de fondo es que se está fallando en la perfilación precisa de quienes ejercen esta clase de actividad en sus regiones y, por lo mismo, luego de muchos de los asesinatos y atentados la primera reacción de las autoridades va en la dirección de que la víctima o sus allegados nunca habían advertido que estuviera en peligro. Aunque suene a un procedimiento demasiado básico, lo que hoy se requiere es que cada alcalde reciba una instrucción detallada y específica sobre lo que es y no es un líder social y, con base en esa información, proceda a identificar cuadra por cuadra, barrio por barrio, vereda por vereda y corregimiento por corregimiento a quienes puedan ser caracterizados como tales. Tras ello se debe evaluar obligatoriamente qué peligros potenciales podría correr y cuáles medidas de seguridad requiere, preventiva y eficazmente, para que pueda desempeñarse tranquilamente en su rol. Si no se procede en ese sentido, la racha mortal nunca se detendrá y la estrategia de protección continuará siendo marcadamente reactiva.