* Fallo fiscal de segunda instancia será clave
* Un pleito contractual con un tufillo político
Las peripecias tanto jurídicas como técnicas por las que atraviesa el proyecto de Hidroituango se han convertido en una verdadera saga de nunca acabar. Todos los días aparecen noticias graves y a menudo contradictorias. Lo cual es muy grave para el futuro energético de Colombia. Es imprescindible que se haga claridad cuanto antes sobre el futuro de esta importante obra para que el país sepa a qué atenerse, puesto que la misma está planificada para proveer casi una quinta parte de la oferta energética nacional a partir del próximo año.
La pieza fundamental de este rompecabezas parece radicar en la manera como habrá de decidir, en segunda instancia, la Contraloría General de la República el juicio de responsabilidad fiscal que por $4,9 billones falló hace pocas semanas contra 26 personas jurídicas y naturales, entre ellos el consorcio constructor del proyecto. Esta primera decisión fue recurrida por los sancionados y corresponde al ente de control fiscal decidir ese recurso para dejarla en firme o revocarla. Ojalá lo haga pronto.
¿Por qué la decisión que tome finalmente la Contraloría es la pieza maestra en este enredo mayúsculo en que se ha convertido Hidroituango? Porque de ella dependerá si el consorcio de constructores puede seguir contratando con Empresas Públicas de Medellín (EPM), incluidas naturalmente las obras asociadas a la hidroeléctrica, cuyo plazo finaliza en 31 de diciembre de este año. De esa decisión también depende si será necesario ceder los contratos de construcción y buscar nuevas empresas que finiquiten la megaobra en Antioquia. Como se sabe, el consorcio alega que no tiene responsabilidad alguna en las demoras, sobrecostos y otras anomalías de diseño y contingencias derivadas, lo que espera demostrar en la segunda instancia del juicio fiscal. A su turno, la Alcaldía de Medellín, que es el principal accionista de EPM, sostiene lo contrario y le ha formulado graves señalamientos al consorcio constructor.
En medio de todo ello, los rumores sobre una posible cesión de los contratos prendieron las alarmas en el Gobierno nacional así como en dos superintendencias y otros entes de control, en tanto que ahondaron el rifirrafe entre la alcaldía de la capital antioqueña y el consorcio constructor. Hay advertencias, incluso, de acudir a instancias judiciales para zanjar la compleja polémica. Todo ello adobado por el hecho de que algunas de las empresas entraron en proceso de restructuración de pagos y obligaciones.
Se supone que las primeras turbinas de Hidroituango deben entrar a generar energía el próximo año y las segundas en el 2023. Son unos plazos estrechos y no será sencillo ciertamente reemplazar al consorcio de constructores, como lo reclama el alcalde de Medellín. Ha rodeado también todo esto un malsano tufillo de pugnacidad política que le resta objetividad y sindéresis al estudio de tan delicado asunto que involucra a la más importante empresa de servicios públicos del país, que es EPM.
Hidroituango, como se dijo, debe aportar el 17% de la energía en firme que requiere el sistema colombiano. El Ministerio de Minas y Energía ha dicho -y debemos creerle- que si las turbinas no alcanzaran a prenderse y empezar a funcionar en los cronogramas previstos no habría riesgo de racionamiento eléctrico pues, de una parte, los embalses están en sus niveles más altos históricamente, debido a las fuertes lluvias de los meses recientes. Y, de otro lado, se ha concretado gradualmente un nuevo componente de energías no convencionales que, en parte, pueden suplir temporalmente lo que Hidroituango deje de generar por las demoras jurídicas y operativas que pueda causar un cambio de contratistas a estas alturas de la obra, si es que ello finalmente se concreta.
De todas maneras, estamos frente a contingencias jurídicas y contractuales de inmensa gravedad para el proyecto de mayor envergadura hidroeléctrica que se ha construido en Colombia. Contingencias, además, salpicadas de graves suspicacias políticas. La seguridad energética del país requiere que se diluyan las primeras y que se aclaren pronto las segundas. No solo la credibilidad de una empresa tan seria como EPM está en riesgo. La seguridad energética del país también se encuentra en vilo. Y esto para una nación en pleno proceso de reactivación económica resulta muy complejo, sobre todo en lo que hace a garantizar un clima de negocios y estabilidad jurídica sólido, ya que esto es requisito prioritario para seguir atrayendo inversión extranjera directa y empujar los emprendimientos empresariales locales ahora que el coletazo pandémica aminora.