Desde el momento que se consagra en Occidente la representación popular se fortalece el ejercicio pleno de la  legitimidad en democracia consagrada en la Constitución Política, puesto que el constituyente primario se convierte en titular de la misma, bajo el precepto de poder elegir y ser elegido.

En la Constitución de 1991 se establece con la más noble y positiva de las intenciones, la circunscripción  nacional para los senadores, con la idea de fortalecer el Legislativo y auspiciar una renovación por lo alto del Senado. Se esperaba con el  audaz ensayo elevar el prestigio de los senadores, conferirles la mayor respetabilidad, preocupados en exclusiva por el interés nacional y que ejercieran su misión admirados por todos los colombianos, Se olvidó que al Congreso confluyen los diversos partidos, movimientos y dirigentes que se lanzan por medio de firmas, en representación de la diversidad política. Para avanzar a la  política nacional y la unidad, se pasa por el tamiz del Congreso donde mediante la aprobación de las leyes se determina la forma del Estado y sus funciones. Esa es la democracia. Al Legislativo deben llegar  senadores que representen la diversidad regional, el sistema electoral  que tenemos en ese aspecto no sirve, como afirma con razón el exmagistrado Amado Gutiérrez, en declaraciones exclusivas para El Nuevo Siglo.

Coincide al exmagistrado Gutiérrez, con la postura de El Nuevo Siglo, en esta materia en la que hemos sido adalides del cambio y la reforma del sistema electoral, por cuanto, como es evidente, se vulnera la democracia al momento que varios departamentos del país se quedan sin representación en el Senado. La democracia procura la igualdad por departamentos en lo que se refiere a la representación popular, dejar por fuera a varios de ellos, en particular los de la periferia del país, es absurdo y antidemocrático. Como lo es que para llegar al Senado se manejen sumas de dinero fabulosas, que obligan a los candidatos a empeñarse para conseguir fondos con los cuales hacer la campaña, que resulta de un  costo exorbitante comparada con las campañas de otros países con el mismo objeto. No es de sorprender que en vez de elevarse el prestigio del Congreso, varios de los expresidentes del Senado en el sistema de la Carta de 1991, hayan terminado en prisión. Es evidente que, en general, descontando valiosas excepciones, de senadores que se han destacado por sus virtudes y talento, la elección nacional de éstos ha resultado nefasta para el prestigio y eficacia del Congreso, como para la democracia representativa.  La elección de senadores nacionales vino a desvirtuar el sistema  político y rompió el equilibrio regional en materia de representación  política. Mas grave cuando en las zonas rurales sigue el conflicto armado.

Esa dicotomía entre la senaduría nacional y la representación regional ha herido en materia grave la eficacia de las instituciones y elevado a tal punto los costos de las campañas de los senadores, que de no ser por los intereses creados apenas unos pocos multimillonarios podrían conseguir los votos para salir elegidos. Lo mismo que contribuye de manera perniciosa a degradar el Estado, al condenar a varios departamentos a quedarse sin representación, lo que va contra los principios y la esencia del sistema democrático y la pretensión de limpiar la política de los constituyentes de 1991.