- Buscar máximo consenso en construcción de la reforma
- Del ajuste estructural a la disminución de la impunidad
A menos de un mes para el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso ya se está hablando de lo que será la nueva agenda legislativa del Gobierno y los partidos políticos. Se empiezan a poner sobre el tapete reformas de alto calado como la pensional, política, electoral, laboral y también la de justicia. Precisamente sobre esta última versa una entrevista publicada en nuestra edición dominical con el Director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, uno de los centros de análisis especializado más importante del país en esta materia.
Según lo informado, el Ministerio de Justicia ya tiene adelantadas las bases de lo que sería el nuevo proyecto de reforma a la Rama Judicial, que tendría entre sus ejes asuntos relacionados con la obligatoriedad de que los jueces tengan en cuenta en sus sentencias los fallos y pronunciamientos de las altas Cortes, una técnica conocida como “precedente judicial”. De igual manera se ampliaría el periodo de los magistrados de ocho a doce años, en tanto que se recortarían las facultades electorales de los máximos tribunales. Estos serían algunos de los ajustes que se harían a la estructura y sistema de gobierno de la Rama, con el fin de empezar a superar una serie de falencias de fondo en su funcionamiento que, pese a estar sobrediagnosticadas desde hace muchos años, no han sido corregidas.
Como se sabe los distintos intentos de reforma judicial en la última década se han hundido por circunstancias que combinan falta de consenso político, yerros graves en los articulados, ‘micos’ que atentan contra la transparencia jurídica y la dificultad para que las altas Cortes se pongan de acuerdo respecto al alcance de la reingeniería constitucional y legal.
Es claro que se requiere con urgencia la reforma a la justicia. Eso nadie lo discute. Pero adelantarla exige cumplir varias condiciones imprescindibles para llevar esta modificación institucional a buen puerto. En primer lugar, siendo prácticos, es necesario que se priorice la agenda legislativa ya que resulta ingenuo tratar de tramitar de forma paralela ajustes de fondo a los sistemas político, electoral, pensional, laboral y jurídico.
En segundo aspecto, para garantizar el avance eficiente de los debates al futuro proyecto de acto legislativo es imperativo que su columna vertebral llegue al Parlamento precedida de un alto grado de consenso entre el Gobierno, las altas Cortes, las facultades de Derecho, los centros académicos y de investigación y también con los propios partidos políticos, cuyas bancadas serán las que, finalmente, tendrán la responsabilidad de aprobar en comisiones primeras y plenarias de Senado y Cámara la iniciativa en dos tramos de legislatura. No hay que olvidar que no contar con ese respaldo amplio fue lo que llevó a que anteriores intentos de reforma terminaran frustrándose, ya fuera por el hundimiento de los proyectos o, peor aún, la aprobación de articulados de poco alcance e incluso incoherentes, gran parte de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional.
A todo lo anterior debe sumarse que si bien es urgente la reforma estructural a la Rama, también lo es que Gobierno y Congreso avancen de forma definitiva en mecanismos para disminuir los altos índices de morosidad e impunidad judiciales que hoy se registran en Colombia. En otras palabras: la reforma también debe enfocarse en una mejora sustancial de la manera en que jueces, fiscales y demás actores del sistema solucionan los pleitos del día a día de la ciudadanía. No en vano muchos diagnósticos sobre las falencias en el funcionamiento del Estado colombiano coinciden en que una causa principal de la conflictividad social, política y económica es la deficiencia en la aplicación de una justicia pronta y oportuna, tanto frente a los delitos de alto impacto como para dirimir las diferencias más reiteradas entre las personas.
Como se ve, resulta muy importante que en Colombia se vuelva a hablar de impulsar una reforma a la justicia. Sin embargo es prioritario que la construcción de la misma se haga de manera ordenada y funcional para evitar caer en los mismos errores del pasado que tantos dolores de cabeza generaron y que, incluso, en el anterior gobierno obligaron a hacer uso de unas inéditas objeciones presidenciales para atajar un proyecto aprobado por el Congreso que contemplaba modificaciones muy graves para la institucionalidad.
Claro, no es fácil lograr un consenso previo respecto al cien por ciento del articulado a radicar en el Congreso. Sin embargo, debe priorizarse este objetivo para que este nuevo intento de reingeniería de la Rama tenga visos de salir adelante. De lo contrario, es muy posible que el país asista a una nueva frustración en la materia.