Que el propio fiscal general Eduardo Montealegre haya calificado la reforma que el viernes pasado se aplicó, mediante decretos presidenciales, como la más importante en la historia de una entidad que nació bajo la tutela de la Constitución de 1991, ya de por sí deja ver el alcance del ajuste a fondo del ente acusador.

La reestructuración comprende varios aspectos clave. En primer lugar, está la reforma administrativa que busca que la entidad pueda responder con eficiencia y agilidad a los desafíos que implica luchar contra una criminalidad cada vez más variable y compleja. La cobertura con las nuevas subdirecciones será total e integral en todo el país.

Un segundo aspecto se refiere al componente presupuestal pues se inyectan importantes recursos a la Fiscalía con el objetivo de darle instrumentos humanos y técnicos para cumplir sus metas. Se ampliará la planta de fiscales y se profesionalizará la Policía Judicial. De entrada está prevista la creación de más de 3.500 cargos, en especial de fiscales especializados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en todo el país.

Pero más importante aún es que esta reestructuración implica -tercer aspecto- lo que el fiscal Montealegre llamó la institucionalización de un nuevo modelo de investigación en materia penal. La idea es superar una de las más grandes falencias en el funcionamiento de la Fiscalía, relacionada con que las investigaciones se llevaban individualmente y de forma fraccionada, y no se estaba adelantando una política más integral de lucha contra el crimen organizado. Ahora el énfasis será desbaratar y desarticular las organizaciones criminales en todas sus estructuras. Ya se había puesto en práctica esta estrategia llamada “de contexto”, como se evidenció en el plan de choque y priorización que se lanzó días atrás en torno a los delitos de más alto impacto en la capital del país.

Para ello se contará ahora con cinco nuevas policías judiciales especializadas en perseguir las conductas más graves en materia financiera, de extinción de dominio, derechos humanos y derecho internacional humanitario, crimen organizado y aforados constitucionales.

Y a todo lo anterior tendrá que sumársele la nueva Dirección para la administración y buena gerencia del Sistema Acusatorio, que es la base de todo nuestro sistema penal y de procedimiento penal.

Como se ve, la reforma que se aplicó no es de baja calado. Todo lo contrario, es profunda y en distintos ámbitos. Ahora debe arrancar el nuevo modelo lo más pronto posible. La justicia requiere más agilidad y eficacia, pues un Estado que no cumpla con este requisito es simplemente fallido.