- Alerta por alud de proyectos en Congreso
- Asamblea constitucional, una opción viable
Cada vez que se habla de la llegada al Congreso de proyectos de reforma a la justicia, ya se trate de propuestas para la reingeniería total de esta rama del poder público o de iniciativas que plantean ajustes más puntuales, las alarmas se prenden en todo el país. Y no es para menos: los últimos intentos por aplicar correctivos de fondo a la administración judicial han fracasado en el Congreso, ya sea porque los parlamentarios desfiguran los articulados a tal punto que los convierten en inviables y peligrosos para la institucionalidad, o porque tras ser aprobados el grueso de los cambios no supera el tamiz de la Corte Constitucional, que los declara inexequibles por vicios de forma o, incluso, porque las modificaciones incurren en el grave yerro de “sustitución” de la Carta Política.
Es más, se recuerda que años atrás la urgencia de hundir un cuestionado proyecto de reforma era tal que se acudió a unas inéditas “objeciones presidenciales” a un acto legislativo para atajar la entrada en vigencia de una polémica iniciativa. Después se tramitó otro proyecto que fue bautizado con el pomposo nombre de “equilibrio de poderes”, pero el texto que salió del Parlamento estuvo muy lejos de cumplir ese objetivo, en tanto que buena parte del componente judicial, de nuevo, fue tumbado o fuertemente recortado en el control constitucional…
Al comienzo de este Gobierno también se presentó, de entrada, un proyecto de reforma integral a la justicia que ni siquiera llegó más allá del tercer debate, en medio de un Congreso con mayorías muy ajustadas, un alud de propuestas y adiciones parlamentarias inconexas así como muchos peros desde las altas Cortes. Se viró, entonces, a la tesis de no apostar a una reforma integral sino por avanzar con proyectos puntuales, algo así como a ‘cuentagotas’, y en ello el Ministerio de Justicia ha sido muy diligente, con una serie de iniciativas radicadas tanto el año pasado como en el primer semestre. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de la agenda legislativa, en medio de la emergencia sanitaria y las accidentadas sesiones virtuales, la mayoría no alcanzó a ser aprobada en los tiempos previstos.
En el arranque de esta tercera legislatura, una vez más, se está hablando de reforma a la justicia. El Ministerio de Justicia tiene lista una iniciativa que busca ajustar algunos aspectos estructurales de la Rama. La Procuraduría General, con base en un proceso de consulta amplia en todo el país, también radicará un proyecto que se centrará en el otro extremo, es decir en solucionar el acceso y celeridad judicial para los conflictos del llamado “ciudadano de a pie”. A ello se suma otra propuesta de reforma impulsada por el Consejo Superior de la Judicatura que plantea ajustes en el campo presupuestal y de sistema de gobierno y conformación de los máximos tribunales, entre otros aspectos. Y como si lo anterior fuera poco, varios partidos y parlamentarios por cuenta propia también anunciaron la presentación de proyectos sobre la misma materia, todos con distintos niveles de complejidad.
Semejante alud de iniciativas, obviamente todas bien intencionadas y en la dirección de superar las falencias estructurales y coyunturas de la administración de justicia, tiene prendidas las alertas de distintos sectores. Es claro que lo mejor sería compilar en un solo articulado las mejores propuestas de cada proyecto, de forma tal que la reforma que se impulse sea coherente, funcional y práctica. Tramitar cada reforma por aparte podría llevar al riesgo de terminar con una legislación judicial tipo ‘colcha de retazos’, lo que afectaría de forma muy grave la institucionalidad del Estado mismo. Obviamente la solución más viable sería la de acumular todos los proyectos en uno solo, pero ello no es posible ya que algunos son cambios legales y otros constitucionales, que tienen tiempos y sistemas de trámite parlamentario distintos… Tampoco está claro si las altas Cortes, las facultades de Derecho, los centros de estudios jurídicos y otras instancias del país han sido consultadas sobre los alcances de cada proyecto y su funcionalidad. Y menos existe un consenso partidista previo que impida que la discusión en comisiones y plenarias degenere en una feria de propuestas riesgosas y ‘micos’.
No en pocas ocasiones hemos insistido en estas páginas que la mejor opción para la reforma judicial integral y estructural es la posibilidad de convocar una asamblea constitucional de temario limitado y especializado. Esto permitiría que en un solo escenario se analicen de forma serena y proactiva las falencias en toda la Rama y sobre ese diagnóstico se construyan las bases del nuevo sistema de administración de justicia eficaz, transparente y coherente que termine, de una vez por todas, con los altos índices de morosidad e impunidad judicial que priman en el país. Insistir en la vía del Congreso no parece ser lo más ágil ni lógico dados los múltiples y accidentados antecedentes.