EL domingo 18 de noviembre de 2012 se publica en El Nuevo Siglo el Editorial que indicaba la importancia de la cita de Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que la Nación expectante siguió por la televisión desde sus hogares, con el título “A horas de la sentencia”. Le seguían dos titulares más: “Mañana conoceremos el fallo de La Haya” y “Esperamos que se respete nuestra soberanía nacional”. Era honda preocupación al escribir esas líneas que se suman a la tinta que hemos empleado durante años para defender con ardor y responsabilidad la soberanía y los intereses de Colombia en este caso, desde el momento mismo que conocimos la noticia de que Nicaragua se negaba a respetar los convenios contraídos solemnemente con Colombia en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y el Pacto de Bogotá de 1948.
En el Pacto de Bogotá, entre otras cosas, en el Articulo II. “Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
“En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos establecidos en este Tratado en la forma y condiciones previstas en los artículos siguientes, o bien de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución”.
Y en el Artículo VI. Se establece que: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”
Y, fuera de eso, Colombia tenía a su favor que la Corte Internacional de Justicia de La Haya la crean las Naciones Unidas en 1945, más de dos décadas después del Tratado con Nicaragua, por tanto carecía de jurisdicción para intervenir en asuntos fronterizos que las Naciones habían resulto antes. A menos que se quisiera subvertir a mansalva el orden internacional. Como se ve, por los artículos citados del Pacto de Bogotá, se consagra que de denunciar su vigencia se acudía a la instancia de las instituciones interamericanas. Norma que Nicaragua violó, lo que deja abierta la posibilidad de que en los actuales momentos y en esas instancias Colombia haga valer la justicia de sus derechos, ya que por distintas razones no acudió en su momento a plantear el caso en la OEA. Y también, dijimos que si Nicaragua desconoce el Tratado Esguerra-Bárcenas, debemos aceptar de inmediato y exigir la devolución de las costas que regalamos a cambio de nada. Así los rábulas de siempre salgan a decir que eso ya es cosa juzgada y que como los leprosos debemos resignarnos a dejar que el país se deshaga a pedazos sin hacer nada.
En reportaje de Yamid Amat en El Tiempo, con la Canciller María Ángela Holguín, del 7 de abril de 2013 ella aborda temas delicados y asume responsabilidades, entre otras cosas, pide “no mezclar los intereses políticos con los intereses de la Nación”. Es de recordar que los asuntos de soberanía nacional, de la libertad de los colombianos, de una amenaza exterior, así como de la desmembración de nuestro territorio y ataque externo de cualquier índole, son todos asuntos políticos, no de campanario o de interés de un partido, sino de la alta política nacional. Y, además, anuncia que Colombia no ejecutará el fallo de La Haya mientras la Corte no garantice el derecho de los pescadores”. Coincide la Canciller Holguín con lo que varios internacionalistas han dicho y nosotros sostuvimos desde el primer momento al conocer el fallo adverso e injusto de La Haya, puesto que afirma: “Hemos dicho primero, es un fallo que no se puede implementar; estudiamos a fondo todas las repercusiones que ese fallo tiene para Colombia, segundo, vamos a ir a todas las instancias y a interponer los últimos recursos que tengamos para ver cómo podemos garantizar los derechos históricos de los sanandresanos” Y, agrega: “Yo creo que no todo está perdido”. Pero, aclara: "Lo que la Corte le dio a Nicaragua fueron derechos económicos sobre una franja del mar. No soberanía. En cuanto a la pesca, recuerdo que el mismo presidente Ortega dijo que “él reconocía los derechos históricos de los pescadores de Colombia en el archipiélago”.
Son de tal magnitud los peligros que se ciernen sobre la soberanía colombiana en distintos frentes geográficos del país que es preciso volver a los conocimientos de la geopolítica para reorientar nuestra política nacional e internacional, con la finalidad de evitar, ahora que se reportan ricos hallazgos mineros en la zona de la periferia donde impera la violencia de distinto signo y común, la balcanización del país.