*Ley estatutaria o ley de Justicia y Paz
*Se necesitan avances en proceso con Farc
Los comentarios sobre el actual proceso de paz del expresidente César Gaviria, como él mismo se encarga de calificarlos pese a tener indudable vocación propositiva, tienen tanto de largo como de ancho. De largo porque, sin duda, al incluir las diferentes aristas del conflicto, involucrando dentro de la justicia transicional a financiadores, empresarios, ganaderos, militares y parapolíticos, entre muchos otros, el proceso con las FARC toma características diferentes a las inicialmente planteadas por el presidente Juan Manuel Santos, volviéndose tan solo uno de los tantos factores a resolver. Y de ancho porque, al dilatarse de tal forma, habría que recomponer la estrategia de modo que la estructura de un proceso así predeterminado abarque semejante espectro, eventualmente hasta las mismas bacrim y los perpetradores de la violencia en los últimos 50 años, luego de pactado el Frente Nacional.
Habrá, desde luego, que esperar a que el mismo expresidente decante la propuesta. Por lo pronto, si fuera del caso podría decirse que en el llamado Marco para la Paz, pendiente de desarrollarse a través de una ley estatutaria en el Congreso, podría contemplarse el tema. En el entendido, claro está, de que ya el proceso de paz no será exclusivamente el referido a las FARC, sino uno de mucho mayor alcance y perspectiva. Frente a ello cabría señalar, de otro lado, que la ley de Justicia y Paz, expedida durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, tiene connotaciones similares a las propuestas de Gaviria y que en tales circunstancias, con las modificaciones correspondientes, sería más expeditiva a los fines planteados. De hecho, las propias Cortes dijeron en su momento que esa misma norma podría servir a diferentes actores, combatientes y no combatientes.
En principio, hay consenso nacional en que los militares que, con ocasión del servicio, han sido o pueden ser judicializados reciban un tratamiento más benevolente y acorde con el espíritu de paz que vive el país. De modo que ahí no parece existir mayor discusión. Pero la ley o norma que así lo determine tendrá necesariamente que ser autónoma e independiente de cuanto se discute con las FARC, siendo una decisión de Estado y un acto que garantice la dignidad y majestad de la Fuerza Pública y la totalidad de sus componentes.
En tanto, una vez aterrizada formalmente la propuesta del expresidente Gaviria, sería bueno que los diferentes partidos, entre otros, se pronunciaran de manera oficial puesto que un proceso de paz de esa índole no sería factible sino bajo la égida de un acuerdo nacional. Y no sólo los partidos, por supuesto. Cualquier acción en esa dirección debería partir de una política de Estado en la que se involucre tanto el Ejecutivo como las altas instancias legislativas, jurisdiccionales y de control público. De modo que no es tan solo que una propuesta de éste tipo sea llevada a refrendación sino que de antemano tenga viabilidad gubernativa y el debate previo suficiente. Lo mismo, de otra parte, que tenga un mínimo recibo internacional, comprometidos, como están, múltiples países en el buen suceso de la paz colombiana.
Interesa, por el momento, que el proceso de paz que se adelanta con las FARC no sufra rémoras bajo la expectativa que pueda tenerse de cambiar los elementos propios de la agenda. De lo que se ha tratado, precisamente, es de un proceso acotado, con algunas dificultades en los tiempos, pero que tiene un horizonte claro y unos elementos propios de lo que se puede discutir con la organización subversiva. Cambiar de escenario no haría bien, sino que por el contrario llevaría a que se pierda el interés en un tema que, cada vez más, parece no interesar a la mayoría de colombianos. De hecho, hace ya un lapso importante que no se avanza en los acuerdos propiamente dichos. Y se espera, por el contrario, que el punto de víctimas, en el que buena parte del proceso está soportado, llegue a una conclusión pronta y debida.