* Prioridad en elección de Fiscal General
* Ciudadanía desconfiada y desilusionada
Desde el martes pasado la Corte Suprema de Justicia abocó el que, sin duda, es uno de los procesos más delicados en su competencia: la elección del Fiscal General de la Nación.
Como se sabe, el actual titular del ente acusador Francisco Barbosa termina su periodo cuatrienal a mediados de febrero próximo. De hecho, con una antelación atípica el actual Presidente de la República remitió a comienzos de agosto una primera terna de postuladas al cargo, la misma que a finales de septiembre modificó en medio de una desgastante, desinstitucionalizadora y lesiva polémica.
Al final, la baraja quedó integrada por las juristas Ángela María Buitrago Ruíz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra, cuyas hojas de vida tiene publicadas la Corte en estos momentos con el fin de que la ciudadanía haga las observaciones del caso en cuanto a si cumplen con los requisitos formales para el cargo y no hay elemento alguno que lleve a una inhabilidad e incompatibilidad que impida desempeñar la titularidad de la Fiscalía y cumplir a cabalidad con la misión funcional de garantizar el derecho al acceso a la justicia de todos los colombianos por medio de la investigación de las conductas punibles, el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio, en el marco del debido proceso. Una labor que también comprende la protección de los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas de los delitos. A todo lo anterior, se suma una de las facultades más importantes de quien dirige el ente acusador: participar activamente en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado.
Resulta claro que más allá de la natural y obligatoria revisión de la trayectoria, estudios y experticia de las integrantes de la terna, el aspecto central del proceso de elección de Fiscal General debe pasar por una evaluación objetiva de las visiones estratégicas que cada una de las postuladas presente -en el marco de la respectiva audiencia pública a realizarse el día 23 de este mes- sobre el norte de esa política criminal del Estado.
Lamentablemente en nuestro país la estructuración de esta hoja de ruta se ha debilitado con el pasar de los años por circunstancias como el populismo punitivo, los ajustes parciales e incluso desordenados a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, la ausencia de una reforma judicial profunda y los altos índices de morosidad e impunidad judiciales en una sociedad en donde cada vez más campea el delito y la victimización del inocente.
Una realidad a la que deben sumarse otros asuntos igualmente complicados como los bandazos gobierno tras gobierno en cuanto a cómo combatir el delito, las distintas percepciones sobre el punto de equilibrio entre el derecho a la justicia y a la paz, la alteración de la proporcionalidad de las penas, el cuello de botella del hacinamiento carcelario, las falencias en resocialización penitenciaria, el flagelo de la reincidencia criminal y el lento desarrollo y cobertura de los mecanismos de justicia alternativa… Incluso, desde la misma formulación de la Carta del 91 no se ha podido superar el debate sobre la autonomía, destinación presupuestal y conformación de esta rama del poder público en la que, negarlo sería ingenuo, vicios como el clientelismo, el tráfico de influencias y la corrupción se han ido enquistando cada vez con mayor y ruinoso alcance.
Por lo mismo, la elección de la Fiscal General no puede limitarse a aspectos menores como si una postulada es cercana o no a los intereses gubernamentales o de sus contradictores. Tampoco a qué tantos cambios de políticas y directrices haría en cuanto a las fijadas por el saliente titular del cargo. Por el contrario, la institucionalidad y la majestad de quien debe liderar la implementación de la política criminal del Estado exige la presentación por parte de las candidatas de diagnósticos certeros y serios sobre las problemáticas en la aplicación de la justicia penal y los planes a corto, mediano y largo plazo que deben aplicarse para superarlas y cumplir con la misionalidad de la entidad y las expectativas de una ciudadanía que, al tenor de lo evidenciado por las encuestas, se muestra cada vez más desconfiada y desilusionada de la efectividad de la justicia en Colombia. Esta percepción es, sin duda, una mácula muy grave en cuanto a la legitimidad del Estado Social de Derecho y su capacidad real y prioritaria de garantizar los deberes y derechos de toda la población.