*Retos del proyecto de Código de Policía
*No más intolerancia y ‘cultura del atajo’
LA necesidad de actualizar el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, gran parte del cual data de la década del setenta -léase bien- del siglo pasado, es una de las urgencias legislativas más inveteradas en Colombia. No hay gobierno en este arranque de centuria que no haya impulsado un proyecto al respecto, pero todos fracasaron. Incluso en el primer mandato del presidente Santos, el Ministro de Defensa presentó la iniciativa al Congreso pero se terminó hundiendo porque las prioridades coyunturales eran otras. Esta semana el mismo alto funcionario radicó una nueva reforma al Código bajo la tesis lógica de que “los tiempos cambian y los problemas de convivencia que tienen hoy los ciudadanos no son los mismos de hace 50 años”.
Un repaso al articulado permite establecer que se trata de un compendio de normas que le permitirán a la Policía, pero sobre todo al Inspector de Policía que entrará ahora a jugar un rol más protagónico y empoderado, resolver con mayor eficacia los problemas en las comunidades, especialmente los relacionados con las contravenciones, es decir aquellas infracciones menores que no tienen el estatus de delito y, por lo tanto, pueden ser tramitadas por la vía administrativa de las multas y comparendos, y no al amparo del Código Penal. Por ejemplo, las riñas intrafamiliares o callejeras así como otros actos de intolerancia vecinal están hoy entre las principales causas de homicidios, como lo evidencian las estadísticas de la Policía y Medicina Legal. Es allí en donde el Código se convierte en la herramienta más inmediata para imponer los correctivos del caso y evitar que la conflictividad ciudadana pase a mayores. Colarse en los sistemas de transporte masivo, bloquearlos, atentar contra monumentos públicos, no recoger los desechos de las mascotas así como botar basuras en sitios y horarios no permitidos, entre otros, son comportamientos que ponen de presente la deficiencia en cultura y convivencia ciudadanas.
Es urgente, por tanto, regular con mayor eficacia la compraventa de teléfonos celulares, cuyo hurto y comercio ilegal son hoy uno de los problemas de inseguridad urbana de mayor impacto. Más allá de los escándalos de los últimos días por el robo y filtración de fotos íntimas de personajes de la farándula internacional, lo cierto es que en Colombia, con el auge de las redes sociales, este problema ya está tomando vuelo, ya sea a manos de delincuentes que extorsionan para no difundir imágenes privadas de sus víctimas como en casos de matoneo en escuelas, colegios y universidades. El proyecto de Código establece multas para ambas problemáticas. Y también las contempla para sancionar a aquellos establecimientos, públicos o privados, ruidosos en zonas residenciales y a altas horas de la noche.
Como se ve, la actualización del Código es más que necesaria y deberá el Congreso darle prioridad a su trámite, pues un país, así sea una sensación para muchos apresurada y tempranera, que ya piensa en cómo manejar el posconflicto armado necesita normas eficaces que garanticen el aclimatamiento de la convivencia, seguridad y cultura ciudadanas. De lo contrario nunca saldrá de la misma espiral de violencia.
Dentro de ese trámite legislativo es necesario despejar dudas de algunos sectores en torno a cuál será el marco de acción del Inspector de Policía, su relación de funcionabilidad y complementariedad con los alcaldes y demás autoridades administrativas. Igual deben señalarse más taxativamente las líneas de separación entre el tratamiento a la infracción contravencional frente a otros comportamientos típicamente delictivos. También se ha pedido fijar de forma más taxativa el marco del debido proceso en caso de protesta o inconformidad del sancionado con las multas, sanciones y comparendos. No menos urgente es despejar los interrogantes en torno a si los municipios, sobre todo los de categorías más pequeñas, pueden sostener inspectores de Policía 24 horas al día. Tampoco faltan los que consideran que el monto económico de las sanciones debería flexibilizarse un poco, obviamente sin caer en algunos de los vienen rigiendo que son claramente risibles y no generan, por tanto, ningún efecto disuasorio ni ejemplarizante. Incluso hay preocupación por una sobrecarga a la gestión policial.
Lo importante, en todo caso, es que el proyecto de Código ya está sobre la mesa y que su proceso de ajuste y definición será el trámite legislativo. En un país en donde la intolerancia y la cultura del atajo parecen reinar, su aprobación y entrada en vigencia debe ser prioridad nacional.