*Proceso político o proceso de justicia

*Todavía faltan las cartas sobre la mesa

Escuchados  los voceros de las Farc, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, se dejó entrever el marco conceptual que tienen del proceso de paz que actualmente se adelanta en Cuba. Esta vez, pues, lejos de las declaraciones discursivas de la tarima habanera, contestaron desprevenidamente lo que piensan de los diálogos. En resumen, un proceso al estilo del que se llevó a cabo con otras organizaciones, en los años noventa, en el que de la entrega de las armas se saltó a la función pública y a las curules del Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún intervalo de veda política o penalidad institucional alguna.

En efecto, los voceros dejaron en claro que su propósito es hacer política en un escenario diferente al de la violencia, pero manifestaron que para ello primero deben producirse los cambios políticos, sociales y económicos que, a su juicio, ameritaron y siguen ameritando el levantamiento. De forma que todavía no está claro, es más está bastante lejos de ser claro, qué viene antes y que después: si primero los cambios y luego la entrega de armas, o viceversa, o si se hará de manera paralela. Un proceso, por lo demás, en el que aspiran a las garantías suficientes y explícitas para que no vuelva a ocurrir la matanza de la Unión Patriótica y sobre la base de que, habiéndose levantado contra el sistema, no aceptarán en manera alguna el código penal vigente, ni normas internacionales. Es decir, tampoco tienen contemplado un solo día de cárcel o de arrepentimiento por la lucha de los últimos cincuenta años, que entre lustro y lustro ahora llevan hasta sesenta, para lo cual se afincan en las relatorías y ensayos de la Comisión de Memoria Histórica. Reconocen, en tal sentido, errores en los combates, pero de la misma manera alegan responsabilidades compartidas donde, incluso, el Estado es el mayor responsable. En todo caso, dicen, es más fácil ponerse de acuerdo con los militares que con los funcionarios. Tampoco, de otra parte, se muestran con afán, pero enfatizan que su voluntad de paz ha quedado explícita, primero, en que todo el Secretariado de las Farc está en Cuba y, segundo, en su declaratoria de tregua unilateral indefinida, hecho inédito dentro de los procedimientos de la fuerza irregular. Hasta ahí. El resto está por negociar y ver.

Ante ese marco conceptual existe el otro. Uno afincado irremisible y mentalmente en la mayoría del país por los años de mandato del presidente Álvaro Uribe, cuándo se adoptó lo que se llamó, frente a los paramilitares, la ley de alternatividad penal, conocida luego como Ley de justicia y paz. Y cuyos criterios más rígidos o más benevolentes, dependiendo del analista, en todo caso se entienden de aplicación universal, así el mismo comentarista sea, por decirlo de este modo, antiuribista para lo cual, a fin de no reconocer la concordancia, simplemente aduce que la legislación internacional cambió. Una mentalidad, ciertamente, donde no existe el delito político ni los conexos y menos que impliquen indultos o amnistías; donde se invocan los cánones del Estatuto Penal de Roma para todo y en todo (aunque nadie sepa muy bien de qué se trata); y en la que cualquier proceso de paz debe soportarse en la indagación y sanción de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. De modo que un proceso así concebido trata, en mayor o menor medida, de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, con su prisión debida o si acaso penas alternativas, y no del proceso político que, como en los casos del M-19, el Epl y parte del Eln, entre otros, contemplan las Farc.  

Hasta el momento el choque conceptual no se ha producido en La Habana, seguramente con contradicciones aplazadas y sin resolver. Cuál será el camino efectivo y eficaz, dentro de estas dos visiones, aún está por dilucidar. Pero solo será en ese momento cuando, con todas las cartas sobre la mesa, habrá verdadero proceso de paz.