LA CRISIS en La Guajira no solo se centra en el endémico abandono estatal, los continuos escándalos de corrupción y una clase política local desprestigiada, sino también en las informaciones contradictorias sobre los efectos de las políticas oficiales en esa región.

Por ejemplo, en repetidas ocasiones se ha advertido que, lamentablemente, las muertes de menores de edad por desnutrición crónica, sobre todo de la comunidad indígena Wayuu, continúan presentándose.

Sin embargo, desde distintas instancias gubernamentales se asegura que la curva de morbilidad y mortalidad infantil por deficiencia alimentaria crónica se ha disminuido de forma sustancial debido a las medidas que se están aplicando en el último año en ese departamento, tanto desde el punto de vista de apoyo a los resguardos como de un sistema de atención médica más eficiente.

No obstante, los entes de control tienen otro diagnóstico. Por ejemplo, a finales de febrero la Procuraduría General advirtió que los decesos de menores de cinco años por desnutrición continuaban registrándose, de allí que pidió a las autoridades nacionales y territoriales tomar las medidas necesarias para lograr detener los que calificó como altos índices de mortalidad y morbilidad infantil en el país.

Con base en las cifras del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio Público reportó casos de fallecimientos en Chocó, La Guajira y Risaralda, así como una gran cantidad de casos de enfermedad asociados a desnutrición en distintas regiones, con alta incidencia en el departamento del norte del país.

Esta semana la Defensoría del Pueblo denunció que tras una visita realizada entre el 22 y 26 de abril pasados a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure se observó con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños indígenas empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con esa entidad, se evidenció que los menores de cinco años no están recibiendo los servicios de atención a la primera infancia del ICBF desde el 15 de diciembre pasado. Es decir, que son cerca de cinco meses sin recibir atención integral, incluida el complemento nutricional. Algunos de esos niños y niñas tendrían desnutrición y bajo peso.

¿A quién, entonces, creerle? El Gobierno tiene una visión distinta a la advertida por los entes de control. Una contradicción que no solo resulta insólita, sino que pone de presente que no hay coordinación institucional para aplicar políticas contra la desnutrición en La Guajira ni para evaluar los resultados de las mismas.