LA  prolongación de las conversaciones en La Habana, pese a los rumores de notables avances en el proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc, mantiene a la Nación expectante y grandes sectores de la población en ascuas. Se suponía que las conversaciones que adelantó Enrique Santos Calderón, como de un año y unos meses, antes de que se dieran a conocer al público, prometían notables resultados en relativo corto tiempo. Esa esperanza  estimula al Gobierno  cuando  habló de unos tiempos para acordar los avances en los cinco puntos a tratar. Primero: el tema agrario Segundo: participación política. Tercero: solución al problema de las drogas ilícitas. Cuarto: víctimas. Quinto: fin del conflicto. Hasta se llegó a decir que de no demostrar las Farc auténtica voluntad de paz los negociadores se levantarían en un tiempo prudencial de la mesa de negociaciones en La Habana. Que es lo que se estila cuando los alzados en armas pretenden conseguir mediante  la negociación lo que no obtuvieron por las armas.

El jefe de los negociadores oficiales, Humberto de la Calle, potencial candidato presidencial, insiste en señalar que el  proceso no se puede alargar indefinidamente y que se respetará el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere a que el Gobierno actúa con fundamento en  leyes previamente existentes y vigentes. Y no es exactamente ese el menú jurídico que manejan las Farc. Por lo que proponen  una Constituyente, que tendría entre sus objetos principales aprobar sus agregados a los cinco puntos acordados en La Habana  y todo lo relacionado con las exigencias de desmovilizarse sin ir a prisión. Entre otras cosas sustanciales a las que hizo referencia el Jefe de la Misión diplomática oficial y que llaman la atención, es la insistencia en cuanto “no se está  negociando ni el modelo económico ni el modelo militar, entre otros temas que han planteado las Farc fuera de la mesa”. Entre tanto, uno de los jefes subversivos declaró en La Habana, lo contrario: y planteó el objetivo de reducir el tamaño del Ejército, que cuantificó en casi medio millón de hombres. Los expertos sostienen que en estos procesos esas discrepancias son comunes. Y tienen, en ocasiones, la finalidad de debilitar a uno de los bandos, hacer que pierda la confianza y credibilidad. Y en este caso parece que esa podría ser la estrategia, puesto que coincide con las declaraciones del presidente Santos, en las que les garantiza a los militares que el tema de las Fuerzas Armadas no hace parte de la agenda en discusión.

Mientras se negocia en La Habana, la clase política se polariza y  la magistratura se contamina, en cuanto la forma y temática de la negociación. Los grades cacaos de las altas finanzas están preocupados por las reacciones de la magistratura que debe ser neutral en cuanto al avance de los acuerdos de paz, Si bien, entienden, como sostiene Nicanor Restrepo, que se debe hacer un esfuerzo grande por perdonar y reparar a las víctimas. Al tiempo que señala que existen intereses en sacar provecho de la paz, lo que es inevitable dado que la política de paz o de guerra depende de los resultados, como toda decisión diplomática o militar.

En lo que no hay acuerdo es en lo que se refiere a los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por los subversivos, penados internacionalmente; el procurador Alejando Ordóñez manifiesta que de consagrar la impunidad en la negociación con las Farc, acudirá a instancias internacionales en defensa de las víctimas. Él está por la paz con dignidad, justicia y reparación dentro de la normativa constitucional e insiste en señalar que delitos atroces como los de Bojayá no pueden quedar en la impunidad. El fiscal Eduardo Montealegre está por indultos condicionados que favorecerían  a los responsables de delitos atroces con tal de hacer la paz. Por ser el magistrado más poderoso del país, que deberá aplicar la ley según los códigos vigentes, no resulta conveniente que asuma  posturas políticas contrarias a los que tienen otra visión del asunto, sin importar que lo haga con  la plausible intención de propiciar la paz.

El señor fiscal Montealegre ha retado en varias oportunidades al Procurador a un exótico  debate público sobre el tema de la paz y la negociación. El debate entre dos expertos del derecho, buenos oradores  y hábiles políticos, sería memorable y como para pagar balcón, seguramente los canales de televisión y la radio lo transmitirían en cadena y la galería aplaudiría o silbaría. Pero sin importar quién sea el ganador,  perdería la majestad de la justicia y de improviso se beneficiaría la subversión, puesto que una vez más  demostrarían que pueden dividir el establecimiento, la magistratura y debilitar psicológicamente a las Fuerzas Armadas. Al prolongar las negociaciones sin acuerdos sustanciales, las próximas elecciones podrían convertirse en un plebiscito sobre la paz o la guerra, de dimensiones y resultados insospechados, que dividiría a la Nación.