EN Colombia la mayoría de los políticos hace caso omiso de la geopolítica, los temas que atañen a esa materia se desconocen, quizá por cuanto requieren de mayor conocimiento del país, de estudio y reflexión. Si nuestros jerarcas políticos tuvieran un conocimiento mayor de la geopolítica hubiesen manejado de manera muy distinta el denominado litigio con Nicaragua, que en realidad era una trampa para Colombia. Para los entendidos en la materia es elemental que Cuba, desde cuando llegó al poder por medio de las armas entendió que debía penetrar en la zona del Caribe o Mar de las Antillas, para eso incursionó en Guatemala, Panamá, Venezuela y apoyó la penetración revolucionaria en Colombia, lo mismo que en otros países. Al consolidarse el régimen sandinista en Nicaragua, junto con la llegada al mando del comandante Hugo Chávez, el poder de Cuba se extendió en la región y a partir de ese momento la situación del Archipiélago de San Andrés se convirtió en renovado objetivo de la expansión de la región. En una zona estratégica para el contrabando de armas y el contrabando. Es de anotar que por carecer de una política ambiciosa en el Caribe, y una pobre vocación marítima a pesar de tener extensas costas en dos mares, por décadas los barcos pesqueros de países foráneos pescan en nuestra zona marítima. Colombia ha perdido en los mares miles y miles de kilómetros, perdimos en el pasado 4.600 kilómetros de costa Atlántica, de lo que nos quedaba: “cuando su litoral comprendía desde la desembocadura del Lago de Maracaibo hasta el Cabo de Gracias a Dios, al final de la Costa de Mosquitos”. Por cuenta del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se pierden según unos 75.000 kilómetros y según el estimado de otros, más de 100.000 kilómetros. Algunos consideran que apenas se trata de derechos de pesca que tienen que ver con la zona económica que le otorgan a Nicaragua de nuestra zona marítima, siendo que es archiconocido que esa es una de las reservas más importantes de petróleo del mundo. Todo indica que lo que se busca es expulsar a Colombia de su zona marítima, lo que se facilita un tanto con el fallo de la Corte de La Haya, que vulnera los derechos de los colombianos raizales del Archipiélago de San Andrés, al dejarlos encerrados en un mar que ha sido nuestro por siglos, virtuales prisioneros de vecinos hostiles. No es de sorprender que si Colombia no entiende la gravedad de la situación estratégica que vivimos, tenga que sufrir otras demandas, pues las pretensiones de quienes nos adversan en el Caribe son inmensas y no terminan con el fallo de la Corte de La Haya, vendrán otras demandas, presiones y situaciones de hecho. En tanto que Colombia siga bajo la presión desestabilizadora y anárquica de los violentos, de los desplazados, de las Farc, del Eln, de las denominadas Bacrin, de los diversos agentes de las pandillas que operan en las extensas zonas mineras, de las bandas criminales de las ciudades y de los grupos armados que manejan el negocio de la droga, que día a día extienden sus áreas de influencia, no conviene alargar por mucho tiempo las conversaciones de paz con las Farc. En realidad, con la experiencia que tenemos, seis meses son más que suficientes para saber si quieren la paz o están por ganar tiempo. Entre tanto los Departamentos de la Costa Caribe en pueblos y ciudades, como en los campos están siendo sometidos a una presión cada vez mayor de los extorsionistas y maleantes. A ese cuadro aberrante de la violencia que comprende casi todo el sur del país, debemos sumar el avance inquietante de la corrupción, que amenaza casi todas las entidades del Estado, pese a los esfuerzos del equipo del presidente Juan Manuel Santos, por contener y castigar a los corruptos. El Estado colombiano se debilita en grado sumo con la embestida de esos factores negativos. No puede darse una buena y sana administración pública en un país donde la corrupción corroe las entrañas del sistema. Menos cuando el poder judicial se torna inoperante. La corrupción comienza con la elección de gobernadores y alcaldes por cuenta de gruesas sumas de dinero que aportan las mafias y los contratistas. Los problemas de Colombia se están agravando a tal punto, que algunos conocedores de la geopolítica consideran que vamos a pasos agigantados a una balcanización del país. Le corresponde al presidente Juan Manuel Santos, frente a semejante desafío geopolítico dar un vuelco a su gobierno y revisar prioridades.