Hemos sostenido de forma reiterada que la economía, además de la seguridad, es el máximo bien público. Porque de su desenvolvimiento pende la suerte y el mejoramiento de todos los colombianos. Todavía más en un país como el nuestro, que está lejos de recuperar las dinámicas sostenidas de la década previa a la pandemia.
Ciertamente, cuando se recurre al teoricismo y prosperan tesis exóticas como las del decrecimiento económico, las consecuencias saltan a la vista. En efecto, la economía es una disciplina en esencia pragmática, puesto que su trayectoria se define por resultados. Que implican, como se sabe, una serie de variables sistemáticas fruto de las concepciones políticas que se adopten frente a las realidades del momento. Por tanto, la economía nunca ha dejado de ser una rama de la política. Cuyo fundamento consiste, entonces, en moldear esa realidad con el fin de hacerla más positiva o si se quiere menos negativa, dependiendo de las circunstancias.
Si no se tiene esa noción y, por ejemplo, se practica, explícita o tácitamente, el concepto del decrecimiento, considerando que esa es una magnífica fórmula para conseguir el bienestar de la sociedad en su conjunto, el resultado esperado no puede ser otro que el de la involución económica. Para los que, al contrario, creemos que el crecimiento económico potencia la realización social; la generación de empleo; la multiplicación de las oportunidades; la educación y la cultura; en suma, la cooperación y la creatividad humanas, vemos en el crecimiento antedicho un factor evolutivo determinante para proyectar el interés general y afianzar el bien común.
Por eso, cuando la economía desfallece y se mantiene sumida en una situación anémica, como ocurre hoy en Colombia, se tiene la sensación de que no se quiere ir hacia adelante. Para algunos será suficiente con decir que, de acuerdo con los pronósticos económicos internos y externos más recientes, este año cerrará con un crecimiento de más del doble o triple del año pasado (0,6%) y que, por tanto, se habrá crecido en una cifra del cien o doscientos por ciento. Lo que, si bien al menos aleja la sombra de la recesión, en modo alguno permite concluir, con índices tan precarios (inclusive por debajo de los rubros latinoamericanos), que es factible cumplir así con las exigencias constitucionales de un Estado social de derecho vigoroso y orientado a responder las necesidades que surgen de la realidad circundante.
No es secreto para nadie que el insumo básico que produce el crecimiento económico son los excedentes de capital que permiten la inversión como activo social. Si no hay recursos para impulsar proyectos en las empresas, ampliar las nóminas, crear oportunidades, adquirir tecnología de punta, no solo se mantiene una situación inercial o regresiva, sino que, como se ha vuelto a comprobar en estos días, el recaudo tributario, base de la operación e inversión estatales, se viene a pique por falta de materia a la cual aplicarle la carga impositiva (8% de disminución en lo corrido de 2024). Y si pese a ello se cree que con más impuestos se soluciona el déficit, no ya del presupuesto nacional, sino efectivamente de la caja ordinaria, pues el aparente remedio fiscal causa un círculo vicioso, creando un mayor desbalance general para cumplir los fines esenciales del Estado.
Por fortuna, la política autónoma contra la inflación (el peor “impuesto” de todos, en especial para los más pobres) asumida por el Banco de la República ha venido dando resultados, hasta acercarse a los márgenes usuales. Con lo cual ha podido bajar paulatinamente las tasas de interés, con miras a dar cierto oxígeno a la economía. Desinflación que, en las próximas semanas deberá en todo caso acompasarse al dedillo con el dato de incremento del salario mínimo, so pena de cortos circuitos adicionales a los ya emergidos de los primeros debates de la reforma laboral frente a la generación de empleo. Por su parte, el objetivo prioritario de reactivar la industria, el comercio y la construcción, principales fuentes laborales y de movimiento productivo, no se conseguirá en un lapso corto, claramente. De hecho, ayer se advirtió de un nuevo retroceso en el sector vivienda.
En momentos en que para el cierre del año faltan decisiones económicas fundamentales, con debates de una reforma tributaria de por medio y la definición pendiente de otros puntos ya señalados, así como la incertidumbre imperante en rubros tan sensibles como el energético, de salud y pensional, el palo no está para cucharas. Todavía menos si, a partir de lo que se decida estas semanas, se podrá avizorar si el año entrante será otro idéntico al desmayo de los dos precedentes.