El peor de los graves escándalos nacionales
Pronta y debida justicia reclama el país
Tal y como están las cosas el caso Reficar está en vías de convertirse en el más grande monumento a la negligencia y corrupción en Colombia. No solo por los sobrecostos, que llegaron a la inverosímil cifra de más de 12 billones de pesos (a precios de hoy), sino por los procedimientos utilizados, la carencia de control y seguimiento, y la manera en que se botó el dinero por el grifo.
Muchos son los escándalos que han estremecido en tiempos recientes al país, desde las pirámides de DMG, los anticipos a los Nule, los desfalcos de Saludcoop y el fraude de Interbolsa, pero ninguno de estos, aún en toda su gravedad, alcanza a competir con la magnitud de lo que se vislumbra de un adefesio de semejantes características a la intemperie y sin que se hubiera dado una intervención leve ni decidida ante los despropósitos que se han venido descubriendo en la refinería cartagenera.
Solo fue hasta ahora, bajo la Contraloría de Edgardo Maya, que se tuvo el carácter para iniciar las investigaciones. Y en lo que es conocido hasta el momento hay allí para dar y convidar en aspectos civiles, disciplinarios, fiscales, administrativos y penales. Comenzando, por supuesto, por el despropósito inicial que significó la venta de las acciones del Estado en la refinería a Glencore y la readquisición de las mismas, a los pocos años, sin siquiera una cláusula penal drástica y correspondiente. Pudieron darse entonces decenas de alternativas diferentes, incluida la cesión del contrato de Glencore a CB&I, que era lo obvio, pero todo se dejó exactamente en las mismas condiciones dizque bajo el expediente absurdo de que lo óptimo era dejar todo igual y esperar a que el contratista terminara algún día la obra, así ella estuviera plagada de irregularidades y desbordes presupuestales. Es decir, que era mejor que siguieran entrando a saco, porque suspender el drenaje de los recursos públicos podría resultar nocivo. Semejante forma de pensar no puede obedecer sino al tinglado de los intereses creados y la presunta lucidez de una incoherencia a todas luces permisiva y contraria a la pulcritud en el servicio público y la decencia en el sector privado. Y todo ello, para peor, modificando el rigor de los contratos “llave en mano” por los más laxos de la legislación ordinaria, permitiendo el fluido de las barbaridades.
Así, en vez de utilizar inmediatamente los instrumentos del derecho para defender al Estado, los accionistas de Ecopetrol y los contribuyentes, se dejaron estos de lado en una conducta que evidentemente bordea el prevaricato por omisión. Y en cambio se procedió a pagar, mes a mes, durante años los sobrecostos estrafalarios en una actitud que, igualmente y de otro lado, está en los límites del prevaricato por acción. Como se sabe, la Constitución es perentoria desde el principio, en su artículo sexto, cuando dice que los servidores públicos son responsables tanto por infringir las leyes como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Durante el largo lapso solo hubo una voz aislada que se dejó escuchar, arrabiada, en la junta directiva de Ecopetrol: la del entonces ministro Juan Carlos Echeverry. Solo por filtraciones de prensa se supo que se había ido casi hasta las manos con los responsables del descalabro y más pronto que tarde salió de la cartera, muy posiblemente por no estar de acuerdo con lo que en Reficar venía ocurriendo. De resto, que se sepa, nadie, entre las decenas de directivos y funcionarios de alto nivel, dijo nimu y se prefirió tapar todo lo que allí venía aconteciendo hasta que el contralor Maya sacó el tema a la luz pública.
Algunos creen que el asunto se debe exclusivamente a la junta directiva de Ecopetrol que tenía la mayoría de los réditos de la bonanza petrolera invertidos en Reficar, pero como se sabe los delegados más activos e importantes son los nombrados por el Presidente de la República, además de los ministros que actúan por derecho propio. Por eso dijimos en un informe de este Diario que era indispensable que los primeros mandatarios que tuvieron que ver con el desarrollo del tema, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, debían sentarse para sortear el asunto en conjunto y proceder ellos mismos a pedir explicaciones a sus funcionarios así como a colaborar con las jurisdicciones pertinentes a fin de aclarar el tema lo más pronto posible. Un caso como este no admite, en lo absoluto, política al detal sino altura y sindéresis.
No es dable esconder semejante escándalo, como se dijo de los peores en la historia del país, anunciando los beneficios que traerá Reficar en la crisis petrolera y que incluso ha afectado de manera grave la tasa de retorno de la inversión. Ese no es el tema. Y como es de tal dimensión, no queda pues sino el compromiso en la más alta magistratura del Estado para develar, con las sanciones efectivas, un episodio cuyo esclarecimiento Colombia clama a gritos. No habrá hasta que eso suceda ánimo alguno para nuevos impuestos, ventas de activos del Estado o para nada que no sea la verdad neta y jurídica al respecto.