Pocas veces en el país se ha tratado durante años, con tanta insistencia y oportuna divulgación en los medios de comunicación, el caso de las pensiones privilegiadas en aumento. Se ha convertido en una tronera por donde se le escapan millones y millones al fisco, que salen de pechar al contribuyente que paga impuestos directos e indirectos, sin importar su condición. La carga al presupuesto de las pensiones sobrepasa en la actualidad los 25 billones de pesos anuales, y sigue creciendo peligrosamente. Los litigantes pueden más que los jueces cuando se trata de defender algunos privilegios, como se ha demostrado en la práctica. Lo que es sencillamente perverso y antidemocrático.
El problema de las pensiones lo simplifica el reconocido tratadista Rodrigo Uprimny: “Si una persona devenga toda su vida un salario de tres o cuatro millones de pesos, entonces hace aportes sobre ese salario y recibe una pensión de ese orden. Esa es la regla para los colombianos de a pie. Pero si esa persona tuvo la fortuna de trabajar unos meses como magistrado o como congresista, entonces obtiene una pensión muy superior, de unos 17 millones. Como esa persona cotizó sobre un salario mucho más bajo, entonces recibirá una pensión subsidiada, que será pagada casi en su totalidad con los impuestos de todos los colombianos. Según ciertos cálculos, el subsidio de estas pensiones privilegiadas supera ampliamente el 80% de la mesada recibida”. Y como la pirámide pensional se desquició por cuenta de los efectos negativos de la Ley 100, en la media que se aprueban pensiones millonarias bajo la presión de sonadas demandas los pagos se hacen por retroactividad y llegan a sumas cuantiosas que resienten las finanzas públicas. Sin entrar en detalles sobre lo que se conoce como el carrusel de las pensiones, en donde se constituyen verdaderas empresas que negocian nombramientos y comisiones calculadas a futuro, para defraudar el Tesoro Público, como se ha denunciado en varias oportunidades. Lo que conduce a una relación inequitativa entre los ciudadanos del común y los privilegiados de las pensiones millonarias, puesto que los primeros deben asumir la carga impositiva para engrosar las alforjas de los que han alcanzado ese privilegio común a congresistas y magistrados, puesto que los legisladores hacen las leyes, los otros las interpretan e, incluso, suelen entrar a “desarrollar” a su acomodo, amparados en el pretexto de cumplir con el Estado Social de Derecho, que en este caso es todo lo contrario al bien común de la sociedad, como se comprueba al analizar el escándalo de las pensiones. Que los congresistas y magistrados obtengan al final de sus carreras en una democracia una buena pensión es lógico y respetable, otra cosa es valerse de tutelas y trucos para obtener dividendos superiores a lo que estipula la ley, los que no pueden sobrepasar los $ 14 millones, desde que la reformaron para fijar ese tope a las pensiones millonarias. En el 2012 para favorecer a mil pensionados el Congreso aprobó $ 281.000 millones. Notables beneficios extras se han conseguido por sentencias favorables del Consejo de Estado, los que defiende en la actualidad su Presidente como un derecho adquirido, que no podría tocar la Corte Constitucional, la que entra hoy a tratar el tema de las pensiones a fondo.
El lío de las pensiones está ligado al de la salud, en donde los fondos públicos se han malbaratado y se presenta una bola de nieve que sigue creciendo y puede hacer estallar el sistema, como ha pasado en otros países, en los que los excesos han sido desastrosos para las conquistas sociales. Ese es el caso de Grecia y de España en la actualidad, países en donde se les ha puesto un tope a las pensiones. Colombia vive hoy de la bonanza minera, de los cuantiosos ingresos del petróleo, del oro, del carbón y de la minería en general, que no generan muchos empleos; en tanto la industria decae y en las primeras de cambio se resiente de la competencia extranjera al vaivén del libre comercio. Una caída de los precios de las materias primas, en tanto no mejore la competitividad de la producción de bienes locales, podría afectar las finanzas públicas de tal modo que haría impagables las pensiones. No se trata tampoco de perjudicar a los colombianos que han contribuido con descuentos de su salario de toda una vida para solventar el futuro incierto, ellos tienen un derecho que se debe respetar. Eso es, precisamente, lo que se busca dentro de un criterio sano de justicia social, que es fijar un tope justo al caso de las pensiones exorbitantes que no lo puedan burlar mañana los litigantes mediante tutelas amañadas para revivir el carrusel de las pensiones.