El acuerdo al que llegaron días atrás el Ministerio de Minas y Energía y los gobernadores de la zona norte del país en torno a iniciar un proceso para la creación de la Empresa Energética del Caribe (EEC), ha generado distintas reacciones.

De un lado, resulta interesante la propuesta en la medida en que lo que se buscaría sería imitar ejemplos eficientes como los de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Grupo de Energía Bogotá (GEB), dos consorcios que no solo han demostrado eficacia en su manejo administrativo, altos estándares de calidad en el servicio y rentabilidad para el erario (más allá de que se trate de una compañía de capital oficial o mixto), sino que ambos grupos han extendido sus operaciones al exterior, consolidándose como multilatinas.

También es claro que la creación de esa empresa busca superar de forma definitiva los problemas estructurales en la generación, comercialización y distribución de energía en la zona norte del país. Por igual, tanto el Ministerio como los gobernadores coinciden en que por esta vía también se podría solucionar el eterno cuello de botella de las tarifas que se cobran por el servicio, que ha sido el gran dolor de cabeza desde tiempos de Electricaribe y ahora de Afinia y Air-e.

Sin embargo, hay una serie de circunstancias que generan cierta incertidumbre frente a la creación de la Empresa Energética del Caribe, entendiendo en todo caso que se trata de un proyecto a mediano plazo que apenas si está en el planteamiento inicial y que tiene que cumplir una larga lista de requisitos administrativos, legislativos, legales y de adecuación a un mercado regulado y con operadores que pueden alegar la existencia de derechos adquiridos, preeminencias contractuales, licenciamientos e incluso respeto a inversiones realizadas…

Por ejemplo, cada una de las ocho gobernaciones y sus asambleas tienen que analizar el tema a nivel interno. Igual están por determinar asuntos claves como la composición accionaria, los esquemas de aporte de capital y las disponibilidades presupuestales reales para una inversión que no será de baja cuantía.

La naturaleza jurídica de la futura empresa, la participación de la Nación y los gobiernos regionales, los protocolos y estándares de autonomía administrativa, así como el esquema del negocio en cuanto a cuáles serán las prioridades en generación energética, también son elementos cruciales que tienen que empezar a construirse con miras a delinear una entidad eficiente, despolitizada y, sobre todo, capaz de atender una demanda de más de diez millones de personas y 2,7 millones de hogares.

Como se dijo, lo que hay hasta el momento es solo un acuerdo político entre el Ministerio y los gobernadores, pero aún falta mucho camino por recorrer y dudas por despejar.