Máxima transparencia en el proceso
No politizarlo ni atarlo al tema paz
Uno de los más grandes retos de este primer trimestre de 2016 será la elección del Fiscal General de la Nación, ya que a finales de marzo se le vence el periodo a Eduardo Montealegre. La terna de candidatos deberá ser presentada por el Presidente de la República a finales de febrero o comienzos de marzo a la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de señalar, mediante la votación de dos terceras partes de sus magistrados, al titular del ente acusador. Será la tercera vez que el actual Jefe de Estado cumpla dicho trámite ante el máximo tribunal jurisdiccional, toda vez que en el segundo semestre de 2010 envió la terna de la que fue escogida Viviane Morales, pero luego, cuando el Consejo de Estado declaró nula su elección por un error procedimental en la Corte, debió remitir otra, resultando escogido Montealegre.
Más allá de ese hecho anecdótico, lo cierto es que la confección de la plancha de candidatos como el propio proceso de elección en el alto tribunal encierran un desafío de transparencia del más alto calibre. Sería desafortunado volver a caer en esos escenarios en donde las conjeturas políticas se ponen por encima de las calidades de los juristas postulados, sus trayectorias y propuestas para mejorar el accionar de la Fiscalía y la Política Criminal colombiana.
Un desafío que cobra aún mayor relevancia porque uno de los debates más álgidos de los últimos años en Colombia, sería ingenuo negarlo, ha sido el de las orillas distintas que los jefes de entes de control y vigilancia han tomado respecto a temas tan cruciales como la búsqueda de una salida al conflicto armado. Es de conocimiento de la opinión pública que mientras el actual Fiscal General se ha mostrado favorable a la negociación de paz, el Procurador General es un permanente crítico de sus alcances e implicaciones.
De allí que un primer elemento que debe quedar claro en este proceso, es que no se está buscando un Fiscal General que tenga determinada postura sobre cómo salir de la confrontación armada. Serán el Congreso y la Presidencia de la República, por la vía ordinaria o excepcional, los que señalen los mecanismos y procedimientos judiciales que deban aplicarse en caso de concretarse un acuerdo final de paz con las guerrillas. El papel del ente acusador será el de allanarse a ellos, incluso remitiendo procesos a la proyectada ‘jurisdicción especial de paz’.
Disminuir la elección de Fiscal General al tema de la paz, por importante que sea, es desconocer peligrosamente otros asuntos de igual o mayor complejidad como el combate a los altos índices de inseguridad urbana -sobre todo frente a los delitos de alto impacto-, la lucha contra las Bacrim, la corrupción de ‘cuello blanco’, los correctivos que requiere el Sistema Penal Acusatorio, las reformas ingentes a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, mayores ajustes a legislaciones puntuales como la de pequeñas causas o extinción de dominio, así como el fortalecimiento institucional y presupuestal de la Fiscalía, entre otras prioridades. No hay que olvidar, tampoco, que las encuestas muestran que la ciudadanía considera que Colombia no tiene una justicia pronta y efectiva, al tiempo que la morosidad procesal y los escándalos por evidentes casos de impunidad son pan de cada día.
En el sonajero de posibles candidatos a integrar la terna para Fiscal General ya hay muchos nombres de eminentes juristas, pero hasta el momento todo es especulación. Como también lo son las hipótesis en torno a cuál de ellos es más cercano a este o aquel partido o incluso si tendría una visión proactiva o precavida frente al proceso de paz…
Frente a todo ello, convendría, por ejemplo, que así como se hizo en la reciente confección de la terna para un escaño en la Corte Constitucional, la Casa de Nariño aplicara un mecanismo de transparencia similar para saber quiénes se quieren postular, sus hojas de vida y trayectorias jurídicas, de forma tal que la opinión pública pueda examinarlas, hacer los comentarios del caso, sumando, por esa vía, un elemento más para garantizar la proyección de la mejor tripleta de aspirantes, de forma tal que la Corte, en su leal saber y entender, dé la palabra definitiva, dejando la Fiscalía General en las mejores manos.