* Decisión clave en medio de crisis en cosa pública
* Las tareas urgentes del nuevo Defensor del Pueblo
En medio del accidentado remate de la segunda legislatura, el Congreso tiene una elección clave que surtir: la del Contralor General de la República, cargo en interinidad desde mayo del año pasado cuando el Consejo de Estado anuló la escogencia por las plenarias de Senado y Cámara, en agosto de 2022, de Carlos Hernán Rodríguez.
Como se sabe, semanas atrás una acción de tutela fallada por la Corte Constitucional ratificó el fallo del contencioso-administrativo en cuanto a la salida del titular del ente de control fiscal, pero ordenó que el nuevo proceso de elección no arrancaría de cero sino desde el listado de 20 candidatos finalistas que había proyectado, en el primer semestre de 2022, la Universidad Industrial de Santander, contratada para llevar a cabo el proceso de convocatoria pública, exámenes y revisión de hojas de vida.
Acorde con lo anterior, las mesas directivas del Congreso actuaron en consecuencia, designando a finales de mayo una comisión multipartidista que escuchó la veintena de aspirantes y proyectó un listado de diez nombres, los cuales intervendrán ante las plenarias el próximo martes y, un día después, se dará la respectiva votación para seleccionar al Contralor que completará lo que resta de este periodo institucional. Es decir, que irá hasta agosto de 2026.
Esta elección es vital para el difícil momento que está viviendo el país. De un lado, estamos ante uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos tiempos, que salpica a ministros, altos funcionarios y exfuncionarios y un grupo significativo de congresistas, encabezados por los presidentes de Senado y Cámara. Por otra parte, la situación de las finanzas del país es crítica, hay múltiples alertas sobre los efectos lesivos de los bandazos e improvisación de la política gubernamental sobre el erario, en tanto aumentan las alarmas en cuanto a posibles anomalías en el manejo e inversión del presupuesto oficial. A esto debe sumarse que cayó el recaudo tributario y, como si fuera poco, la propia Contraloría ha lanzado alarmas sobre una serie de reformas que tramita en el Congreso sin que esté claro el impacto fiscal billonario a corto, mediano y largo plazos…
Es imperativo, entonces, que la elección del Contralor no termine supeditada al ajedrez de intereses burocráticos o políticos de las distintas bancadas partidistas o, peor aún, a la malsana injerencia de la Casa de Nariño en la escogencia del jefe del ente de control fiscal. Ya el país presenció el triste, desinstitucionalizador y preocupante espectáculo del Ejecutivo presionando a la Corte Suprema para escoger a la cabeza de la Fiscalía General.
Se requiere un contralor con la suficiente independencia y autonomía tanto funcional como jurisdiccional para vigilar el manejo de la cosa pública en momentos tan aciagos para el país. Un contralor decidido a hacer uso profundo de la herramienta de control preventivo y concomitante para actuar antes de que se produzca el daño al patrimonio público y el Estado social de derecho. De hecho, el actual titular encargado viene liderando actuaciones fiscales importantes en muchos frentes. Ojalá Legislativo y Ejecutivo sepan responder a este clamor ciudadano e institucional.
Por otro lado, la Cámara de Representantes también debe abocar el proceso de elección del Defensor del Pueblo. Como se sabe, a Carlos Camargo se le vencía el periodo el 31 de agosto próximo pero el alto funcionario renunció esta semana, por lo cual un delegado asumirá el cargo hasta esa fecha.
Está previsto, entonces, que una vez termine esta legislatura, el 20 de junio venidero, la Presidencia de la República envíe la respectiva terna de candidatos a esta dependencia del Ministerio Público y en las primeras semanas del próximo tramo legislativo se produzca la respectiva selección.
En medio de un pico de violencia armada, inseguridad ciudadana y delitos de alto impacto, el rol de la Defensoría, como garante de los derechos fundamentales de la población, es determinante. Su ejercicio es clave para velar que esas garantías no sean vulneradas por los alcances de las reformas laboral, de salud, educación y otras en curso. Por igual, le corresponde al Ministerio Público seguir vigilante del drama de la migración ilegal por el Darién, que continúa disparada. La crisis carcelaria, las muertes por hambre en La Guajira, el pico de feminicidios, las afectaciones a las comunidades más vulnerables, el fortalecimiento de las guerrillas por los acuerdos de cese el fuego… En fin, muchos retos para una entidad llamada a ser eficaz y contundente.
Al igual que con la Contraloría, se espera que en la Cámara no se politice la escogencia del Defensor ni que su titular termine imbuido en la desgastante polarización política como tampoco en un pulso ideologizante. La crisis en materia de derechos humanos es muy grave y no da lugar a que la misionalidad de una institución tan crucial se desvíe o distraiga en asuntos menores.