* Ecos de una audiencia constitucional

* Los ajustes aún están a medio camino

Decir que el panorama para el sector salud continúa siendo crítico, no es ninguna novedad. Es una realidad que a diario sufren miles de colombianos cuando demandan algún tipo de atención médica en la red hospitalaria. Pese a las múltiples reformas aplicadas en los últimos años para mejorar la eficiencia y calidad del servicio de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) así como de las Instituciones Prestadoras de la misma (IPS), el sistema aún no consigue los estándares a que está obligado.

La crisis es muy compleja, tal como quedó evidenciado el jueves pasado durante la nueva audiencia de seguimiento en la Corte Constitucional a la sentencia T-760 de 2008 mediante la cual se ordenó al Estado en todos sus niveles una serie de medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho a la salud, dado que se trata de una garantía fundamental.

El Gobierno expuso los resultados de sus últimas medidas de ajuste al esquema de aseguramiento, relacionadas con mejorar el acceso de los usuarios al sistema, crecimiento de la cobertura, ampliación y unificación del Plan Obligatorio de Salud (POS) en cuanto a más y mejores procedimientos y suministro de medicamentos, así como la agilización en el flujo de recursos y los nuevos controles para evitar el despilfarro e incluso robo de los mismos.

A su turno, la Fiscalía admitió que hay falencias en la investigación y sanción de los fraudes y desfalcos a los dineros del sistema, razón por la cual anunció la creación de una unidad especializada en atacar la corrupción en el sector. La Defensoría del Pueblo denunció que hay muchas quejas en torno del incumplimiento de la norma que ordena asignar rápidamente citas de medicina general, odontología y con especialistas. Las superintendencias sectoriales revelaron que avanzan investigaciones contra un significativo número de EPS por presuntos fraudes al sistema, en tanto que Fidufosyga denunció que se indaga si el Estado habría pagado más de 52 mil millones de pesos por presunta atención médica a personas que figuran como ya fallecidas. Incluso la Contraloría reveló que hay bandas de falsificadores de medicamentos genéricos que hacen pastillas con harina comprimida, algo absolutamente aberrante y criminal.

Durante la audiencia en el máximo tribunal también se escucharon quejas sobre nuevas maniobras de algunas instituciones para denegar el servicio a los usuarios, la persistencia de la ‘tutelitis’ como único mecanismo para obligar a la prestación de procedimientos y medicinas, la ausencia de una política más efectiva en materia farmacéutica, los riesgos de sostenibilidad financiera de varias EPS e IPS, las billonarias deudas de las primeras con hospitales y clínicas, así como la forma en que la corrupción y politiquería siguen enquistadas en algunas cadenas del sector salud…

Como se ve, el panorama para el sistema de aseguramiento continúa muy complicado. Los ajustes a los regímenes contributivo y subsidiado aún van a medio camino, y no hay día en que no se hable de grandes desfalcos y despilfarros de los dineros de la salud. Por ejemplo, en la capital del país han salido a la luz pública en las últimas dos semanas acusaciones muy graves sobre insólitos casos de malgasto presupuestal en algunos hospitales que, debido a ello, arrastran peligrosos déficit y la atención dispensada a los pacientes es deficiente.

No se puede negar que el sistema ha sido sometido a muchos ajustes en los últimos años y que algunos de sus resultados son muy positivos. Pero aún falta mucho trecho por recorrer para cumplir con los mandatos contemplados en la sentencia de la Corte Constitucional. La certificación práctica y tangible del  derecho fundamental a la salud que tienen todos los colombianos aún continúa siendo una deuda pendiente, en la que el Estado y el sector privado asoman como los principales responsables.