De extrema gravedad lo que está ocurriendo con la rectoría de la Universidad Nacional, sin duda alguna el claustro de educación pública superior más importante del país.

La evidente politización que el Gobierno quiso imponer en el proceso de elección del rector del Alma Mater ha terminado por generar una situación bastante complicada.

Si bien es cierto el pasado 21 de marzo el Consejo Superior Universitario escogió al docente Ismael Peña como nuevo rector, el ministerio de Educación se negó a firmar la respectiva acta de reconocimiento del acto administrativo, exigiendo una aclaración de todo el mecanismo de escogencia, pese a que el mismo acató al reglamento respectivo.

Para nadie es un secreto que Peña no era el candidato que apoyaba la Casa de Nariño para tomar las riendas de la Universidad Nacional. Sin embargo, es deber del Ejecutivo respetar la autonomía universitaria y reconocer la designación que hizo el Consejo Superior. El argumento de que no escogió a quien ganó la consulta popular que se realizó entre los estudiantes y los profesores termina siendo débil porque ya en el pasado varios rectores no fueron los más votados en la encuesta interna, cuyo resultado no es vinculante, según lo indica manera taxativa el reglamento de la elección.

El clima de interinidad generado por el Ministerio llevó a que Peña tuviera que posesionarse la semana pasada con testigos ante una notaría en la capital del país, sin duda algo inédito.

En medio de ese clima enrarecido generado por el Gobierno los grupúsculos violentos al interior de la Universidad Nacional han creado todo un caos en medio de cuál se habla de amenazas y hostigamiento a profesores y alumnos. También han protagonizado disturbios, bloqueos de las vías adyacentes al campus de la universidad e incluso claros actos de terrorismo, como el de la semana pasada cuando los vándalos trataron de incendiar una estación del sistema Transmilenio.

Toda esta situación se habría podido evitar si el Ministerio hubiera respetado el proceso eleccionario y aceptado su derrota. Sin embargo, lejos de corregir su proceder, esa cartera sigue insistiendo en no avalar la elección de Peña e incluso para hoy citó una nueva sesión del Consejo Superior, en donde se han aplicado varios reemplazos en las últimas semanas que, al decirte de algunas fuentes universitarias, le darían la mayoría al Ejecutivo para intentar reversar el resultado del 21 de marzo, pese a que este ya es un acto administrativo con vigencia jurídica y genera unos derechos adquiridos para quien resultó ganador en esa ocasión.