Cabeza fría. Eso es lo que se requiere para establecer las causas de la tragedia ayer en la cárcel La Modelo de Barranquilla, en donde murieron una decena de internos y no menos de 30 resultados heridos, tras el motín e incendio que se registró hacia la medianoche.

Las hipótesis eran muchas. En principio se señaló que todo se originó en un enfrentamiento entre bandas de reclusos que se disputan el control de varios patios y de actividades ilegales al interior y el exterior del penal. También se especuló que los reclusos prendieron fuego a colchones y otros elementos tras una pesquisa sorpresiva de la Guardia en la que decomisaron armas y estupefacientes. Los familiares de los presos, en medio de su desesperación en las afueras de la cárcel, señalaban que hubo un error en la reacción de la Guardia al percatarse de la conflagración, lo que fue negado por las autoridades del penal. También salieron a relucir versiones en torno a que se trata de una “tragedia anunciada” pues el hacinamiento en ese establecimiento carcelario es muy alto. Los allegados a los internos indicaron que en el pasillo siete, en donde se focalizó el incendio, había más de 300 detenidos en un espacio muy limitado. Igual varias entidades humanitarias y ONG de inmediato recordaron que lo que pasó en la capital del Atlántico puede repetirse en cualquier momento en otra prisión, pues la sobrepoblación así como la puja de bandas de reclusos por el control de los patios y pasillos, son una realidad que se registra en todo el sistema de prisiones.

Más allá de todas esas hipótesis, que sólo podrán ser confirmadas o descartadas por las correspondientes investigaciones, lo cierto es que la tragedia se produce en momentos en que – como lo dijimos en una nota editorial ayer- hay prevención en la ciudadanía en general por las casi 3.000 peticiones de libertad condicional o de prisión domiciliaria que se han interpuesto en dos semanas igual número de reclusos, aprovechando las flexibilidad que establece el nuevo Código Penitenciario.

En el fondo el dilema continúa siendo el mismo: crear más cárceles para recluir por más largo tiempo a aquellos delincuentes que entran y salen de prisión por las bajas penas que les son impuestas, muchas de ellas excarcelables; o crear más prisiones para disminuir el grave hacinamiento en muchos establecimientos penitenciarios del país: o acudir a las reformas al Código, para disminuir la población carcelaria por la vía de otorgar más libertades condicionales y beneficios de prisión domiciliaria…

¿Qué hacer? Esa es la pregunta del millón. Cualquiera de esas opciones, que no son necesariamente excluyentes entre sí, tiene sus ventajas y desventajas.