La crisis del sistema carcelario en Colombia es de vieja data. Pese a que gobierno tras gobierno se amplía el número de cupos en los penales y se tramitan legislaciones que hacen cada vez más difícil que un sindicado o condenado tenga que ser sometido a detención intramural, el hacinamiento en las prisiones continúa siendo alto.

La Defensoría del Pueblo ha venido poniendo en evidencia la dimensión de esta problemática y si bien el Gobierno  continúa con su política de construcción de cárceles y ampliación de cupos en las ya existentes, la cantidad de presos supera con creces las capacidades de los penales, a lo que se suma que las condiciones de respeto de los derechos humanos allí son muy deficientes. Sin embargo hay un hecho nuevo que en medio del alud noticioso del arranque de este 2017 no ha sido analizado en su justa dimensión: el propio defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, radicó días atrás ante la Corte Constitucional la solicitud formal para el cierre de la cárcel de Riohacha, en La Guajira, aduciendo que allí “convergen todas las problemáticas posibles en el contexto penitenciario, dado el alto grado de indignidad en que se encuentran los internos”. Por ejemplo, el hacinamiento llega al 452 por ciento (el más alto en todos los penales del país), el personal de guardia penitenciaria es insuficiente, la infraestructura es vetusta y hay deficiencias para garantizar condiciones adecuadas de prestación de los servicios públicos y sanitarios. Ya que a comienzos de febrero la misma entidad del Ministerio Público también había solicitado al alto tribunal el cierre de la cárcel de Bellavista, en Bello (Antioquia), advirtiendo que los internos corren peligro por daños en la infraestructura y el sobrecupo.

Aunque tanto los casos de Riohacha como el de Bellavista son particularmente graves, es claro que en el resto de los penales la situación no es especialmente mejor. La cantidad de personas que los jueces envían tras las rejas supera de forma sustancial la velocidad con que el Estado puede ampliar el número de cupos en los penales.

El ya renunciado ministro de Justicia, Jorge Londoño, advertía en septiembre del año pasado, durante un debate en el Congreso sobre la crisis carcelaria, que al final del cuatrienio 2014-2018 se habrán entregado 11.125 nuevos cupos en centros de reclusión, gracias a un trabajo que se adelanta en conjunto con los gobiernos locales. Según el titular de la cartera, para ese entonces había cerca de 175.000 personas privadas de la libertad, de ellas 121 mil en prisiones y 54 mil con detención domiciliaria, por lo que el hacinamiento carcelario era del 55,3 por ciento. Agregó que entre 1993 y 2016 la construcción de infraestructura penitenciaria creció 181 por ciento, mientras que la población recluida lo hizo en un 316 por ciento. Con base en esas cifras sentenció que “… así construyamos todas las cárceles que queramos, los cupos jamás serán suficientes”. 

¿Qué hacer? Esta es una problemática que requiere soluciones muy complejas. Una, la más obvia, claro está, radica en acelerar la construcción de más penales, ampliar cupos en otros y mejorar la protección de los derechos humanos de los presos. Otra -y hacia allí ha venido avanzando la legislación interna- es extremar los requisitos para que un operador judicial pueda enviar a prisión a un sindicado o condenado. La primera alternativa tiene la dificultad de que por más prisiones que se habiliten, acabar con el hacinamiento en el corto plazo es muy difícil. Y la segunda opción lleva a que los presos reciban beneficios como casa por cárcel, libertad condicional o vigilancia con brazalete electrónico, flexibilidades que muchos aprovechan para reincidir en el crimen, disparando los ya abultados índices de inseguridad urbana y rural, generando decepción y desespero en la ciudadanía que percibe a la justicia como débil e inoperante y, por último pero no menos importante,  desincentivando a la Fuerza Pública y la Fiscalía que se esforzaron para lograr las capturas y construir el acervo probatorio respectivo.

Como se ve, la crisis carcelaria es muy compleja. Eso no es nuevo, pero si la Corte Constitucional llega a acoger las solicitudes de la Defensoría para el cierre de esos dos penales, abriendo la puerta a más casos en el inmediato futuro, entonces el Estado tendrá que cambiar de estrategia radicalmente en materia de política criminal y penitenciaria.