El fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso el último proyecto de ley estatutaria de reforma al Código Electoral, aprobado en junio de 2023 en el Congreso y que pasó a revisión previa de exequibilidad, deja varias lecciones que terminan siendo claves para vislumbrar lo que podría pasar con otras iniciativas que bajo la lupa del Alto Tribunal o que si bien no han terminado su trámite legislativo ya tienen varias alertas a bordo por posibles vicios de forma y fondo.

De acuerdo con la sentencia, la reforma al Código se declaró inexequible por tres elementos puntuales. Por un lado, por fallas en el estudio de impacto fiscal, es decir en la cuantificación sobre lo que costaría al erario implementar los cambios en el sistema y logística electoral que ordenaba. Y por otro, porque en el trámite parlamentario se obviaron requisitos de la ley 5 de 1992, o Reglamento Interno del Congreso, en torno a la obligatoriedad de dar un debate amplio, suficiente y ordenado a cada uno de los artículos. Y, de igual manera, la Corte encontró que en algunas de las disposiciones no se cumplió con el mecanismo de consulta previa con comunidades étnicas.

Una primera lección a derivar es la dificultad para que desde el Congreso pueda salir avante un ajuste al sistema político y electoral. No hay que olvidar que al gobierno Duque se le hundió en el Congreso un proyecto de reforma política, ya que no logró el consenso con las distintas bancadas. De igual manera, aunque a finales de 2020 se aprobó en el Parlamento un ajuste al Código Electoral, la iniciativa fue declarada inexequible en abril del 2022 porque incurrió en vicios graves durante su trámite en Senado y Cámara.

Al gobierno Petro también se le hundió en sus primeros meses un proyecto de reforma política, sobre todo porque su propia bancada le colgó varios ‘micos’. Y ahora también se cayó la reforma al Código Electoral aprobada por el Congreso al término de la primera legislatura de su mandato.

Una segunda lección que se puede extraer de lo ocurrido con este último proyecto es que aquellas iniciativas en las que no esté claro el estudio de impacto fiscal o se incurra en maniobras para forzar la aprobación de artículos, esquivando o evadiendo los respectivos debates y análisis en comisiones y plenarias, seguramente terminarán hundiéndose en el examen de constitucionalidad. No hay que olvidar que esta clase de vicios se han denunciado en la discusión de la reforma pensional (hoy bajo la lupa de la Corte), así como en otras iniciativas sobre salud, laboral y educación, entre otras.