- EU-Colombia, una estrategia de largo aliento
- No sobredimensionar rifirrafes coyunturales
Desde el mismo momento en que el narcotráfico, avanzada la segunda mitad del siglo XX, se comenzó a evidenciar como uno de los más complejos y peligrosos delitos trasnacionales en nuestro continente, la alianza entre Colombia y Estados Unidos para combatirlo, al ser la primera la nación más productora de alcaloides y el segundo el país con mayor volumen de consumidores de drogas, comenzó a consolidarse.
Han sido varias décadas de lucha, con muchos altibajos y no pocos momentos críticos en los que algunos sectores de lado y lado pusieron sobre la mesa la necesidad de pensar en una alternativa distinta a la estrictamente represiva, proponiendo transitar las vías de la despenalización e incluso de la propia legalización. Sin embargo, a pesar de algunos matices gubernamentales y coyunturas políticas puntuales en Bogotá y Washington, lo cierto es que la lucha antidroga se convirtió con el pasar de los años en una política de Estado compartida, bajo la tesis de que no puede existir flexibilidad alguna con un fenómeno delincuencial de amplio espectro, que reditúa miles de millones de dólares, tiene nexos directos con otros crímenes igualmente graves como el lavado de activos o el tráfico de insumos químicos y que, además, adoptó un carácter mafioso en todas sus eslabones. A ello hay que sumarle el alto costo humano y económico de la drogadicción así como el hecho de que en los países productores, de tránsito así como los de mayor consumo de estupefacientes, dicha actividad ilícita está asociada a la mayor cantidad de delitos de alto impacto y de población penada local.
Esa es una realidad compleja que no se puede perder de vista cuando se analiza la evolución de la lucha contra el narcotráfico y la propia fortaleza de la alianza entre Colombia y Estados Unidos. Abstraerse de dicho marco para vislumbrar el impacto de asuntos coyunturales no solo constituye un error estratégico que vicia sustancialmente las conclusiones del episodio bajo la lupa, sea cual sea, sino que desdice del hecho objetivo e incontrastable de que los sucesivos cambios políticos y énfasis gubernamentales en ambos países no han variado de forma sustancial la hoja de ruta en el combate binacional a este flagelo.
Así las cosas, resultan claramente apresuradas muchas lecturas que se están haciendo sobre las críticas que recientemente hizo el presidente estadounidense Donald Trump respecto a cómo avanza la lucha antidroga en Colombia y las correspondientes réplicas del gobierno y demás autoridades de nuestro país. Paradójicamente tras cada señalamiento del titular de la Casa Blanca varios de sus altos funcionarios, incluyendo al propio Secretario de Estado, que este domingo estuvo en Cúcuta analizando sobre el terreno la crisis migratoria de los venezolanos, salen a amortiguar el impacto mediático y político de las palabras de Trump, recalcando que la alianza entre Bogotá y Washington no se ha debilitado y que corresponde a cada país hacer más esfuerzos para aumentar la eficiencia en la cruzada contra los narcóticos.
Claro que hay que problemas e inconformismos de lado y lado. Mal podría Trump o su gobierno considerar positivo que durante los últimos cuatro años de la administración Santos los narcocultivos se quintuplicaran hasta llegar a más de 200 mil hectáreas. Pero no es lógico ni justo exigir al gobierno Duque que en tan solo nueve meses de gestión reverse semejante ‘herencia maldita’. Mal podría Trump o su gobierno considerar positivo que tras más de un año Colombia no haya respondido a la solicitud de extradición de alias ‘Jesús Santrich’. Pero no es lógico ni justo exigir al gobierno Duque que acelere dicho trámite, sabido que no está dentro de sus facultades ya que primero debe pronunciarse la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), instancia que lleva varios meses sin definir el tema. Mal podría Trump o su gobierno considerar positivo que no se hayan reactivado en Colombia las fumigaciones aéreas a los narcocultivos. Pero no es lógico ni justo exigir al gobierno Duque que lo haga, cuando está claro que ello depende de una autorización de la Corte Constitucional…
A la luz de todo lo anterior resulta evidentemente apresurado hablar de un cortocircuito en la relación Trump-Duque o de un debilitamiento crítico de la estrategia bilateral antidroga o incluso vislumbrar que está en peligro la alianza geopolítica entre Bogotá y Washington que, por el contrario, a raíz de la ofensiva para tumbar la dictadura en Caracas se ha fortalecido. Simple y llanamente hay altibajos coyunturales y los pronunciamientos conciliadores de lado y lado, luego de los rifirrafes verbales de la semana pasada, así lo evidencian. La alianza está fuerte. Sobredimensionar cada contradicción y subdimensionar el contexto de la misma es, como ya se dijo, un error estratégico que solo lleva a conclusiones erradas.