Pruebas contundentes de corrupción

¿Insistirá en candidatura para 2023?

En Argentina avanza la mayor tormenta política de los últimos años porque la justicia acusó ayer a la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner de ser líder de una asociación ilícita que, presuntamente, defraudó en por lo menos mil millones de dólares (más de cuatro billones de pesos colombianos) al Estado y de haber incumplido sus deberes como funcionaria pública.

Al término de una detallada investigación los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que sea sentenciada a doce años de cárcel y su inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos.

Con su esquema interesado de otorgar subsidios y feriar parte sustantiva del presupuesto público entre la población -así las personas trabajen o no-, el peronismo, movimiento al cual pertenece la vicepresidenta, acabó en las últimas décadas con la economía de su país. Los argentinos gastan mucho más de lo que ganan, la mayor parte en actividades improductivas y no tienen claro de qué vivirán en el futuro. Para consumar el desastre, es altísimo el costo de la política y, sobre todo, de la corrupción.

En esto último, a juzgar por lo que dice ahora la justicia, el expresidente Néstor Kirchner (ya fallecido) y su esposa Cristina son los campeones imbatibles de los últimos tiempos, en los cuales habrían realizado un descomunal saqueo de las arcas del Estado. El modus operandi de la actividad ilegal de la que se ocupa el nuevo juicio era adjudicar obras públicas en la provincia de Santa Cruz a firmas de Lázaro Báez, un empresario testaferro, a través de licitaciones amañadas con evidentes sobrecostos y modificación de plazos, para luego ingresar a sus cuentas personales grandes sumas de dinero transferidas por el señalado constructor a través de falsas operaciones comerciales. La mayor parte de las obras nunca se realizaron.

La investigación y recolección de pruebas se extendió durante diez años y las acusaciones contra la vicepresidenta se sustentan en nueve operaciones de compraventa y una de permuta de un terreno en El Calafate entre los Kirchner y Báez -con la intervención de su hijo Máximo Kirchner-, realizadas entre 2008 y 2009, cuando Cristina era presidente de la República. También en 51 contratos viales en Santa Cruz adjudicados a Báez, cuyo patrimonio creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa -Austral Construcciones- en 46.000%. Báez compró con el producto de esas operaciones 293 inmuebles, 972 vehículos y una extensión de tierra equivalente a veinte veces las 20 mil hectáreas que abarca el área de Buenos Aires.  

La señora Kirchner ya había sido procesada en los últimos años por otros casos de corrupción: “La ruta del dinero K”, en el cual fue sobreseída, decisión pendiente de confirmación, y “Los cuadernos de la corrupción”, que analiza la exigencia de comisiones de entre 5 y 10% a los contratistas de obras públicas. Con la vicepresidenta hay otros 12 acusados en el banquillo, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y el propio Báez, ya condenados por testaferrato y blanqueo de capitales en casos anteriores.

Pero en Argentina la justicia es más lenta que en muchos otros países. Si es condenada (el veredicto se conocerá a finales de año) solo le tocará cumplir la sentencia cuando sea ratificada por la Corte Suprema de Justicia, lo cual puede demorar meses o años, gracias a lo cual se podrá postular a cargos públicos en 2023, cuando hay comicios presidenciales.

De lo que no se ha librado el justicialismo de Perón, desde los años 50 hasta nuestros días, es de haber arruinado un país que era de los más desarrollados del mundo.

Desafortunadamente este modelo, que se podría llamar “cómo arruinar inexorablemente y sin retorno a un país rico”, atrae cada día más a políticos populistas y a electores de otras naciones latinoamericanas.