Los  procesos judiciales tienen una serie de formalidades que no siempre son entendidas por la opinión pública. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado en los últimos días con varios casos penales que han tenido gran repercusión pública y en los que las decisiones de los operadores judiciales sorprendieron a propios y extraños.

El caso más sonoro es el relacionado con Andrés Sepúlveda, el presunto hacker desde cuya oficina se habrían realizado operaciones de espionaje y saboteo al proceso de paz y que resultó ser contratista de una campaña presidencial. El lunes una jueza en Bogotá dejó en libertad al sindicado bajo el argumento de que la Fiscalía no había sustentado adecuadamente los cargos imputados. La decisión sorprendió por cuanto cuando se produjo el allanamiento a la citada oficina se anunció la incautación de información que probaría los ilícitos e incluso después se indicó que habría otros testimonios y hasta un video en donde se constataban las presuntas labores de espionaje y tráfico de información de seguridad nacional. Aún así, la jueza ordenó la libertad de Sepúlveda, ante lo cual la Fiscalía reaccionó pidiendo investigarla por presunto prevaricato. A ello se sumó que ayer en la madrugada el sindicado volvió a ser detenido por el CTI, esta vez por orden de otro juez de control de garantías e incluso siendo señalado por más delitos de los inicialmente mencionados.

Más allá de las explicaciones dadas ayer por la Fiscalía así como las observaciones de la primera jueza que dejó en libertad a Sepúlveda y las declaraciones de su abogado al respecto de su segunda captura, lo cierto es que todo el rifirrafe creó en la opinión pública un ambiente de incertidumbre, más aún porque tiene como caja de resonancia la recta final de la campaña electoral.

Por otra parte se conoció también que un exconcejal de Bogotá que se vio involucrado en el sonado caso del llamado “carrusel de la contratación” en la capital del país, terminó siendo condenado a 40 meses efectivos de cárcel, pues si bien la pena era el doble de ese tiempo, su aceptación de cargos le permitió acceder a una rebaja de la mitad. Y a ello se suma que por estar la pena final por debajo de los 48 meses, entonces se aplica la posibilidad de excarcelación. Como es apenas obvio, la combinación de esas tres circunstancias generó controversia, pues es claro que siendo el del “carrusel” uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, el hecho de que uno de los dirigentes condenados no tenga que ir a prisión llena de perplejidad a la opinión pública. La Fiscalía anunció que apelará la decisión judicial, pues considera que un funcionario público que incurrió en graves delitos de corrupción no debería recibir beneficios penales ni penitenciarios que lleven a que no vaya a la cárcel. Al igual que el caso del sonado hacker, en el del exconcejal hay distintas posturas a favor y en contra del fallo.

La opinión pública debe entender que la administración de justicia tiene unas formalidades que debe cumplir y que así algunas de sus decisiones sean polémicas, dentro de los mismos códigos Penal y de Procedimiento Penal hay instrumentos que les permiten a los operadores revisar, corregir o confirmar lo actuado. Además, jueces, fiscales, magistrados y demás funcionarios de la Rama tienen  instancias que vigilan sus actuaciones y en caso de que éstas no se acaten a lo mandado por las leyes y la Constitución, son objeto de sanciones de distinto calibre. Tanto en uno como en el otro caso es evidente que mientras a la ciudadanía no se le expliquen las bases de las decisiones, la percepción no será otra que de desconfianza e incertidumbre frente a la justicia.