* A dos años de esa trascendental cumbre
* Gobierno y Cortes deben afianzar agenda
Mañana se cumplirán dos años de una imagen que quedó plasmada en la opinión pública. El recién posesionado Jefe de Estado se reunía en la Casa de Nariño con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Aunque en cualquier otra nación un encuentro entre las cabezas de dos poderes públicos en el arranque de un mandato podría catalogarse como apenas protocolario, en el caso colombiano ese cónclave significaba algo muy distinto: el fin del largo y desinstitucionalizador período de tensión que se registró durante el gobierno Uribe, en el que incluso se llegó al extremo de que el organismo de seguridad que dependía directamente de la Presidencia de la República incurrió en espionajes y seguimientos a los magistrados, un atropello cuya gravedad retumbó en nivel internacional, y en el que incluso se estuvo a punto de exigir la presencia de un relator de la ONU. Así las cosas, la sola imagen del presidente Santos, su entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y las cabezas de los cuatro máximos tribunales reunidos en la Casa de Nariño, hablando siempre en términos respetuosos y proactivos y tratando altos asuntos de Estado y de agenda, significaba la anhelada vuelta a ese sano principio institucional -y constitucional- que determina la necesaria colaboración de los distintos poderes públicos bajo la premisa del respeto a la autonomía de cada uno de ellos. En ese marco, el encuentro superaba ampliamente lo meramente formal y protocolario.
¿Dos años después cómo están las relaciones entre el Gobierno y la rama judicial? En primer lugar, y dados los magros antecedentes del gobierno anterior, lo más importante es que la interacción entre el Ejecutivo y la cúpula jurisdiccional se ha mantenido siempre en la ruta de la institucionalidad. En modo alguno se han escuchado de parte y parte posturas irrespetuosas o desafiantes, y todos los puntos de vista distintos o contradictorios se han puesto sobre la mesa con base en el respeto, la autonomía funcional de los poderes y, sobre todo, sin llegar al ruinoso extremo de ‘choques de poderes’ o la denuncia de actitudes impropias o ilegales.
En segundo aspecto es obvio que la tarea pendiente en estos dos años continúa siendo la reforma integral a la administración de justicia. Aunque al comienzo primó el ánimo de concertación entre Gobierno y las altas Cortes, al final el Ejecutivo no logró un consenso total con la magistratura y decidió llevar un proyecto al Congreso, y allí, como es connatural en toda democracia, fueron los presidentes de los altos tribunales a exponer sus criterios y desacuerdos. Lastimosamente todo este esfuerzo se terminó perdiendo cuando la iniciativa se vició peligrosamente en el último tramo, sobre todo en la instancia de conciliación, generando la indignación nacional y llevando al Jefe de Estado a objetar el proyecto de acto legislativo que daba pie a la impunidad y la anómala flexibilización de controles a congresistas y altos funcionarios aforados.
Salvo ese lunar, en esta segunda etapa del mandato, lo importante es afianzar las relaciones entre el Ejecutivo y la cúpula judicial. La nueva Ministra del ramo ha dicho que muchos aspectos de la reforma pendiente se pueden hacer vía legal o reglamentaria, y allí se incluye lo relativo al aumento presupuestal. Igual son varias las leyes y Estatutos que entraron en reciente vigencia y lo que se requiere es mayor eficacia funcional de la propia rama judicial para hacer más productivos sus recursos humanos, técnicos y logísticos.
Para la opinión pública lo urgente es que la administración de justicia aumente de forma sustancial su eficacia. Las encuestas y sondeos indican que a la ciudadanía le preocupa enormemente la impunidad y la morosidad en el castigo a los criminales, pues allí está la génesis de los llamados delitos de alto impacto, la inseguridad urbana y rural así como la corrupción en las esferas pública y privada.
Sería aconsejable que Gobierno y altas Cortes vuelvan a esa “mesa de la justicia” y reformulen la agenda, pero esta vez con un ánimo más dinámico de concertación, pues el tiempo para concretar reformas y ajustes empieza a agotarse, así como la paciencia ciudadana.