Desde el mismo momento en que el gobierno Santos se puso como meta que Colombia pueda ingresar al prestigioso grupo de países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se sabía que la agenda interna para cumplir los requisitos exigidos por ese club transnacional era bastante exigente. Sin embargo, nuestro país ha demostrado que se le mide a los retos y por eso ya tiene avanzado el proceso para su inclusión formal en esa organización que reúne a las 34 naciones con mejores prácticas en sus políticas públicas a escala mundial.

Ingresar a la OCDE es un estándar clave para Colombia pues esa instancia es el modelo global por excelencia en materia de accionar estatal para aclimatar de manera estructural el avance económico, social y ambiental.

Como se dijo, la tarea no es fácil, pero el solo hecho de ponerse esa meta ya deja ver que Colombia piensa en grande. Por eso cada vez que la OCDE señala las áreas en donde es necesario aplicar cambios y ajustes, lo importante es delinear una estrategia para cumplir los requerimientos en el corto plazo.

Por ejemplo, días atrás, la organización indicó que si bien el país evidencia grandes avances para fortalecer la normativa por la que se rige su sector de telecomunicaciones, requiere  dotar a su ente regulador de más facultades para velar por su cumplimiento con objeto de fomentar la competencia, en particular en un mercado tan concentrado como el de la telefonía móvil.

En estos aspectos, tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) como la Superintendencia de Industria y Comercio han demostrado con las últimas normatividades y sanciones a empresas del sector que hay unas reglas del juego en Colombia y que éstas deben cumplirse.

Sin embargo, la OCDE se refiere a lo que considera como falta de independencia y de potestad sancionadora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), lo que haría que esos instrumentos no resulten plenamente eficaces. 

Se debe evaluar en qué instancias es necesario reformar las facultades de la Comisión y es claro que allí el Gobierno debe contar no sólo con las recomendaciones internacionales, sino de todos los actores del sector de las telecomunicaciones y, obviamente, del Congreso, que al final tendrá la última palabra.

Pero hay otros elementos más complejos en el informe de la OCDE. Por ejemplo, la organización indica que el operador de telefonía móvil dominante controla alrededor del 60% del mercado en nuestro país, participación que en los países de la OCDE es del 42% en promedio. De igual manera se advirtió que algunos operadores colombianos de telefonía fija poseen una posición dominante a escala local o regional.

Allí ya se está hablando de asuntos de mayor profundidad que la reforma a la CRC o a su conformación y facultades. Aquí hay contratos, licencias y licitaciones de por medio que deben cumplirse y no se pueden modificar fácilmente pues debe respetarse el principio de seguridad jurídica, clave para atraer y mantener la inversión.

Visto todo lo anterior es necesario que la meta de ingreso de Colombia a la OCDE sea, no tanto en un objetivo gubernamental, sino un objetivo de país, en una política de Estado que vaya más allá de las coyunturas políticas. Y para que ello sea posible, es urgente lanzar una campaña de pedagogía en nivel nacional de lo que significa estar en ese club prestigioso de países, sobre todo de las ventajas que trae para toda la población cumplir sus estándares de políticas públicas e indicadores mínimos. Sólo cuando ese proceso se aclimate en la opinión pública, la meta de entrar a la OCDE será lo que debe ser: una misión nacional.