Apenas despuntando el séptimo mes de 2016, el panorama para varias gobernaciones y alcaldías de ciudades principales, cuyos nuevos titulares se posesionaron el 1º de enero pasado, no es el mejor.
En primer lugar, en abril la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia libró orden de captura contra el gobernador de Amazonas, Manuel Carebilla, sindicado de los delitos de cohecho, peculado y falsedad en documento público, derivados de un presunto cobro de una parte de los sueldos de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo cuando fue parlamentario años atrás.
De otro lado, en marzo el Consejo de Estado suspendió la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri, en el marco de una demanda que advierte que no podía ser candidato en octubre de 2015, ya que había sido elegido para el mismo cargo en octubre de 2011, aunque fue destituido por una violación al régimen de inhabilidades debido a un contrato precedente de su esposa con una entidad oficial. Si bien se mantiene en el cargo, se afirma en los estrados judiciales que saldrá del mismo en cuestión de semanas.
También el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo destituyó a la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, al considerar que por haber sido elegida alcaldesa de Albania para el periodo 2012-2015, aunque renunció en julio de 2014, violó la norma que prohíbe a los mandatarios de elección popular postularse a otro cargo durante el periodo institucional del primero ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes a la terminación del periodo.
Y ahora, la semana pasada, la Fiscalía volvió a ordenar la captura del alcalde de Yopal, John Jairo Torres, por el delito de lavado de activos. El mandatario fue electo cuando estaba tras las rejas, debido a una investigación por presunta urbanización ilegal, pero luego recuperó su libertad y se posesionó.
Es claro que se trata de circunstancias judiciales distintas y que ninguna de ellas se refiere a actuaciones en el cargo que empezaron a desempeñar este año. Sin embargo, ello no oculta el clima de inestabilidad política ni institucional que se vive en sus respectivas jurisdicciones y que sólo se podría superar cuando se lleven a cabo las respectivas elecciones atípicas para escoger sus reemplazos, lo cual sólo es posible a partir de que la vacancia definitiva quede en firme y se convoque a la ciudadanía, de nuevo, a las urnas para señalar a quien debe cumplir el restante periodo cuatrienal. Ello, implicaría entonces que los habitantes de esos tres departamentos y alcaldía capital tendrían su tercer año electoral en línea, ya que en 2014 tuvieron lugar los comicios parlamentarios y las dos vueltas presidenciales, en 2015 se llevaron a cabo las elecciones regionales y locales y en este 2016 volverían a votar para escoger los reemplazos de los mandatarios que habiéndose posesionado apenas en enero, ahora ya están por fuera de sus cargos. E incluso, si llega a darse vía libre a la votación del llamado plebiscito por la paz, los habitantes de estas regiones apuntarían, entonces, su sexta comparecencia a las urnas en menos de tres años, lo que sin duda produce un desgaste democrático y lesiona la credibilidad ciudadana en el sistema.
¿Qué hacer? Como se dijo, los cuatro mandatarios que están en vilo no son procesados por actuaciones dentro de sus cargos, pero es claro que a los partidos y movimientos que los respaldaron les cabe una responsabilidad por haberlos avalado. Pero también es evidente que las autoridades electorales deben aumentar los controles sobre los requisitos de los candidatos que se postulan. Hay que ir más allá del principio de verdad sabida y buena fe guardada. No debe bastar solo con presentar las certificaciones de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, que solo reflejan las condenas y sanciones en firme, sino que las pesquisas deben ir más allá. Por ejemplo, se debería establecer cuántas investigaciones en marcha tienen los aspirantes y restringir la posibilidad de que se candidaticen.
Tiene que entenderse que, además de los traumatismos de gobernabilidad e institucionales que se producen por estos intempestivos cambios de gobierno en departamentos y municipios, la inversión presupuestal en la repetición de comicios es sustancial. Ahora que se habla de comisiones para proyectar las bases de una nueva reforma al sistema electoral, bien debería pensarse en soluciones de fondo que eviten esta clase de anomalías.