* Caso Sanitas es de extrema gravedad
* Gobierno debe actuar aquí y ahora
La atención médica a millones de colombianos está en vilo. Si bien es cierto que los problemas estructurales del sistema de salud han sido evidentes desde hace varios años, pese a que tenemos uno de los esquemas más funcionales a nivel mundial, una vez asumió el actual gobierno los riesgos de crisis insalvable han crecido mes tras mes.
En su momento, con la anterior y cuestionada titular del ministerio del ramo, se advirtió por parte de varios actores del sistema que algunas de las decisiones que se estaban tomando en esa dependencia podrían llevar a un agravamiento rápido de los billonarios déficits presupuestales y deudas cruzadas entre las EPS, la red prestacional de clínicas y hospitales así como los proveedores de servicios e insumos.
De hecho, en estas páginas se alertó de la gravedad de los señalamientos al Ejecutivo en torno a que existía, presuntamente, la intención manifiesta de no tomar medidas de fondo para neutralizar la crítica situación, todo ello con el único fin de crear un escenario político y de opinión pública propicio para que el Congreso aprobara el drástico y polémico proyecto de reforma a la salud que busca borrar todo lo avanzado en tres décadas y dar paso a un esquema comprobadamente fracasado, que parte de la anacrónica estatización de toda la estructura de atención, da pie a la peligrosa politización del servicio a nivel local, anula la iniciativa privada y concentra en instancias oficiales el manejo de todos los recursos…
Como se sabe, la reforma planteada, desde febrero pasado, ha tenido intensa oposición, a tal punto que no solo forzó el rompimiento de la coalición parlamentaria mayoritaria, sino que la iniciativa tardó varios meses en ser aprobada en primer debate y ahora está trabada en la plenaria de la Cámara. La reiterada negativa gubernamental a concertar sus controvertidos alcances ha impedido que se abra un espacio político, técnico y legislativo para abocar una solución estructural, funcional y moderna a los problemas de vieja y nueva data del sistema.
Lo más complicado es que mientras la agenda del Congreso se encuentra enredada por el accidentado debate a esta reforma, así como a las de pensiones y laboral, la crisis en el esquema de aseguramiento y atención médica ha venido profundizándose, esto sin que se vea a un Gobierno presto a tomar medidas efectivas para evitar la implosión del mismo y sus lesivas consecuencias para todos los colombianos.
En los últimos meses los campanazos han venido de múltiples sectores. Varias de las más grandes EPS del país han advertido complicadas contingencias financieras, derivadas en gran parte de las demoras en los pagos por parte del Gobierno, tanto de los rubros que hacen parte del plan obligatorio de salud como de aquellos que no. A su turno, las clínicas y hospitales alertan a cada tanto que las deudas de las aseguradoras siguen creciendo y ahora están por encima de los 18 billones de pesos. Esta circunstancia ha llevado a que los déficits de la red prestacional sean cada vez más insalvables, conllevando el retraso en los pagos al personal y los proveedores de medicamentos e insumos. Estos últimos, a su turno, han visto crecer preocupantemente la cartera morosa y empiezan a restringir suministros. Todo ello, en medio de la escasez marcada en algunas drogas y tratamientos esenciales para una gran cantidad de pacientes.
Frente a este difícil escenario, el Ejecutivo actúa con lentitud pasmosa, casi de espectador, como si esperara a que el sistema se derrumbe solo. Aunque se pensaba que con el relevo en la titularidad ministerial se aplicarían medidas audaces para contener la crisis aquí y ahora -más allá de la suerte de la reforma en el Parlamento-, lo que el país ha visto son intensos, cíclicos y desgastantes debates entre EPS, Gobierno, clínicas y hospitales, sindicatos, industria farmacéutica, asociaciones de pacientes y otros actores directos e indirectos del sistema.
En ese orden de ideas, la decisión de Cruz Verde de restringir la entrega de una serie de medicamentos a una fracción de afiliados a Sanitas, y la controversia y cruce de señalamientos de esa EPS con el Ministerio y la Superintendencia sectoriales, son consecuencia de lo que viene ocurriendo hace quince meses, y que es muy posible que se extienda próximamente a otras empresas aseguradoras, prestacionales y de proveeduría.
Siendo un asunto tan técnico, es difícil entrar a señalar responsabilidades. Sin embargo, es al Gobierno al que le corresponde tomar medidas de fondo ante el riesgo de que millones de personas se queden sin atención médica o vean restringida la entrega de medicamentos o la continuidad de tratamientos. No es momento de enredarse en más debates políticos e ideológicos. Hay que activar un plan de contingencia aquí y ahora. No se puede seguir esperando a que el sistema entre en una crisis insalvable y miles de vidas estén en peligro.