* Fallas sobrediagnosticadas del acuerdo de paz
* No se cumple a víctimas y la guerra se recicló
A cada tanto se conocen informes sobre las fallas y retrasos en el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito en 2016 entre el gobierno Santos y las Farc. En cada uno de esos cortes de cuenta se confirma que hubo un alto grado de improvisación en muchos de los aspectos negociados, lo que se ha evidenciado a la hora de tratar de aterrizar en la realidad política, económica, social, presupuestal e institucional gran parte de lo acordado.
El último reporte es el de la Contraloría General al Congreso. Allí se advierte que tras seis años de implementación del acuerdo se encontró que la ejecución de más de 77 billones de pesos entre 2017 y 2023 del presupuesto público no se ha traducido en cambios estructurales en las zonas rurales del país. Esta es una conclusión muy grave, más aún si se tiene en cuenta que para la “Reforma Rural Integral” se destinaron casi 45 billones de pesos. Incluso se recalca que los Planes Nacionales Sectoriales Rurales y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial no han logrado cambios estructurales para el cierre de brechas y la erradicación de la pobreza extrema rural.
Según la Contraloría, estas fallas comprometen a las tres últimas administraciones. De hecho, enfatiza que, transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere. No deja de llamar la atención este campanazo, toda vez que desde el día uno de su gestión el presidente Petro ha culpado a su predecesor de frenar la aplicación del pacto y prometido que sería una de las prioridades.
Este informe de la Contraloría se conoció de forma paralela al reporte periódico de la Secretaría General de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz, que en esta ocasión arrancó recalcando que se acerca la mitad del plazo de 15 años previsto para su aplicación.
Si bien el informe del secretario general António Guterres renovó el apoyo de la ONU a las autoridades colombianas y resaltó algunos avances en varios flancos, subrayó que todavía quedan por cumplirse muchos de los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables. Por ejemplo, urge aumentar la presencia del Estado en todos los territorios, recalca la necesidad de acelerar la implementación de la reforma rural integral, sobre todo en cuanto a entrega de tierras y apoyo a campesinos, mujeres y víctimas. También alertó que la violencia continúa en muchas regiones, entre otros aspectos.
Al informe de la Contraloría y el diagnóstico de la ONU hay que sumar advertencias desde otros entes de control esta semana. Por ejemplo, la Procuraduría emitió un decálogo de observaciones al proyecto decreto del Gobierno nacional para compra de tierras y extinción de dominio. Esa normatividad, que tiene prendidas las alertas en muchos sectores, ha sido promocionada por la Casa de Nariño como una de las estrategias base para acelerar la entrega de tres millones de hectáreas de tierras fértiles a los campesinos. Esta, que es una de las principales medidas del acuerdo de paz, ha tenido un avance ínfimo debido a la accidentada política oficial. Incluso, el pacto que se había promocionado con bombos y platillos sobre la adquisición de 500 mil hectáreas a los ganaderos continúa a paso de tortuga.
A todo lo anterior debe sumarse que la Jurisdicción Especial de Paz apenas se prepara, pese a que los delegados exFarc están hace varios en el Congreso y no han pagado un solo día de cárcel, a emitir las primeras sanciones a sus cabecillas, evidenciando que los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición siguen en vilo, aunque se supone que eran la prioridad.
De otro lado, los procesos de negociación vigentes del Gobierno con grupos residuales de las Farc ratifican que en 2016 apenas se desmovilizó una facción de esa guerrilla, sin que se le informara al país que numerosos contingentes se apartaron de las tratativas, a los que luego se sumarían otros más que, si bien se desmovilizaron, decidieron volver al monte a delinquir, esta vez con más nexos con el narcotráfico y siendo los principales actores del rebrote de la violencia y victimarios de líderes sociales e incluso reinsertados.
Como se ve, las fallas en la implementación del acuerdo de paz ya están más que sobrediagnosticadas y sus graves consecuencias las sufre el país todos los días. No se ha cumplido a las víctimas y tampoco se acabó el conflicto. Esa es la dura realidad.