Colombia, desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, viene haciendo grandes inversiones para hacer más eficiente el sistema judicial. En algunos campos los logros son notables y en especial se debe resaltar la importancia que ha cobrado la Fiscalía General, con sus organismos técnicos y especializados en combatir las mafias y las distintas modalidades del delito común. Tanto en la lucha por reducir a los violentos, principalmente en las grandes urbes, como en la tarea de investigar y desarticular esas bandas armadas, algunas de ellas consideradas de la más alta peligrosidad en el mundo, la justicia colombiana y los organismos de seguridad se destacan entre los mejores en nivel global.
Lamentablemente los paros en la Rama Judicial se han vuelto recurrentes por el reclamo de alza salarial y otras ventajas por parte de funcionarios de sectores por debajo de la cúpula de la pirámide burocrática, puesto que la alta magistratura recibe emolumentos comparables con los de otros países más ricos, fuera de que en Colombia tenemos más cortes y magistrados que en Estados Unidos, cuya población y extensión del país supera al nuestro.
Los efectos del último paro judicial han sido desastrosos y causaron multimillonarias pérdidas al gobierno y a los particulares. Se calcula que se represaron 811.265 casos judiciales el año pasado, en tanto se atendieron aproximadamente 2 millones de tutelas. Se esperaba que con la creación de la Fiscalía se agilizara la justicia, lo que no se ha conseguido ni con aplicar la oralidad. Una de las causas de la inoperancia de la justicia es que en el Congreso, a cada delito que publican los medios de comunicación, salen los legisladores a aumentar las penas, a sabiendas de que el hacinamiento carcelario en algunos casos llega al 400%.
Se desaprovecha el ejemplo de otros países en donde las multas y el trabajo social se aplican a delitos menores, lo que facilita la descongestión judicial. De manera convergente se debe fortalecer la cultura ciudadana en valores, para que disminuya el delito. A sabiendas de que la impunidad de los delincuentes de cuello blanco se ha convertido en uno de los peores ejemplos e incentivos para los antisociales.