*Mañana conoceremos el fallo de La Haya

*Esperamos que se respete nuestra soberanía nacional

En  Colombia, durante más de una década que lleva el litigio con Nicaragua, son pocos los políticos que entienden la dimensión y magnitud geopolítica de lo que significaría  para la soberanía nacional un eventual fallo negativo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No todos en ciudades como Bogotá y el interior del país, miden la importancia del Caribe para nuestro futuro y la relación con los vecinos. Por el contrario, en Nicaragua existe una visión muy clara de la trascendencia para un pequeño país con vocación expansionista que la Corte Internacional haya aceptado sus pretensiones, cuando no tenía competencia para ello dado que el Tratado Esguerra-Bárcenas era anterior a su misma existencia, por lo que estaba fuera de su alcance. Y se trataba de un convenio internacional aprobado por ambos naciones en sus respectivos congresos, sin presiones de nadie. Y, por si fuera poco, durante los siglos de vigencia del Imperio Español en América, en ningún momento tuvo Nicaragua salida al Atlántico, al entrar en vigencia la doctrina defendida con ardor por el Libertador Simón Bolívar del Uti possidetis Juris, todos los derechos de ocupación, tradición, ejercicio de la soberanía, incorporación a la nacionalidad en San Andrés y Providencia, como en el archipiélago son colombianos.

Las costas del Virreinato de la Nueva Granada, en la República  de Colombia, con la inclusión de Panamá, llegaban hasta lo que hoy es Guatemala y la zona que, también, fue de Colombia de los Mosquitos o Mosquitia, por la que tuvimos varios roces con Inglaterra, que intervino para imponer allí un indígena, que no pasó de ser un pelele grotesco al que se le daba el titulo de Rey. Corresponde al valiente oficial español  Juan de Torrezar Pimienta, a cargo de la defensa de la Plaza Fuerte de Cartagena de Indias, surcar con sus naves de guerra para expulsar a los elementos foráneos que persiguen apoderarse de varios de los territorios del Imperio  en el Caribe, con ambiciones sobre San Andrés y Providencia, en ese entonces por su valor estratégico. Gracias a tan valiente soldado Panamá siguió siendo colombiana, lo mismo que las costas del lo que hoy es Costa Rica y Nicaragua. Las costas colombianas se le regalan a Costa Rica en el gobierno de Manuel Murillo Toro, con la pretensión de que ese país pusiera en vigencia la Constitución de Rionegro, para extender el influjo político del radicalismo de esos tiempos utópicos. Y con el tratado Esguerra-Bárcenas se repite el gesto inexplicable y absurdo con Nicaragua.

Al Nicaragua proceder contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los aventureros de la revolución consiguieron el apoyo de todos los partidos al fomentar un bloque anticolombiano, el cual se ha manifestado de todas las formas polarizando la opinión en favor del intento de despojar a nuestro  país de su soberanía y frustrar sus derechos en las islas que históricamente son nuestras, lo mismo que en el Mar Caribe. Al no haber tenido nunca salida al mar la Provincia de Nicaragua, no tenía ningún derecho a reclamarle nada a Colombia, por tanto lo lógico es que al desconocer el tratado y considerarlo nugatorio,  esas costas se le devolvieran a Colombia. Que era lo único que podía aceptar Colombia en el caso de una intervención de la Corte Internacional. Pese a que Colombia, con el canciller Guillermo Fernández de Soto, objetó la competencia de la Corte, en un incidente negativo la misma inexplicablemente no acogió  el argumento de la Cancillería de San Carlos, y nos vimos súbitamente abocados a un juicio injusto.  

Así que la Corte de la Haya acepta la soberanía de Colombia en San Andrés y las islas, pero decide estudiar a la luz del nuevo derecho del mar, el tratado de 1928; argumento falaz,  pues  no se había llegado a la evolución actual y, en consecuencia, revisar  la línea imaginaria del meridiano 82, lo que en la práctica sería un nuevo trazo  del cual no se sabe cual será su alcance. Lo que sí se sabe por cuenta del exministro Julio Londoño Paredes y del abogado de Colombia, James Crawford, es que ellos piensan que será modificado ese trazado, por lo que el mismo embajador  Londoño presentó un mapa en donde Colombia en teoría acepta modificar la línea, el mismo día en el cual Crawford  decía en El Tiempo que: “La cuestión es dónde trazará la línea la Corte. Colombia ha planteado una línea entre el archipiélago de San Andrés y la costa e islas de Nicaragua, la cual es acorde al derecho internacional. Lo que es cierto y que surge de la decisión anterior de 2007, es que la línea no será el meridiano 82°”. Es francamente rarísimo que un jurista tan eminente deslice la presunción negativa de la pérdida de Colombia, cuando ni un neófito cometería ese error. En esta ocasión es de esperar que el optimismo al respecto de la cancillera María Ángela Holguín tenga mejor fundamento.