- Recalcar principio de solidaridad con migrantes
- Aclarar su impacto en desempleo e inseguridad
La ola migratoria de los venezolanos que han salido de su país huyendo de la crisis generalizada creada por la dictadura chavista es, sin duda, uno de los retos de más amplio espectro que ha afrontado Colombia en los últimos tres años. Y no es para menos, este fenómeno de desplazamiento poblacional es el más numeroso y complejo de la última década, apenas superado por la diáspora ocasionada por la guerra civil en Siria.
Las cifras de Migración Colombia son contundentes al respecto, según lo explicó el Gerente de Frontera en entrevista dominical con este Diario: a 30 de junio pasado había casi 1,5 millones de venezolanos viviendo de manera permanente en el país. Los cálculos indican que cada mes un promedio de 50.000 ciudadanos de la vecina nación llegan a la nuestra y se quedan. Además hay un flujo de migrantes en tránsito hacia el sur del continente que supera las 400.000 personas este año. A ello debe sumarse lo que se denomina “migrantes pendulares”, que son aquellos venezolanos que a diario cruzan la frontera en busca de alimentos, medicinas, servicios de salud y otras actividades pero horas más tarde regresan a su tierra natal. Otro dato clave para entender la complejidad del fenómeno: solo el 32% de los migrantes permanentes se encuentran en los departamentos de frontera pues la mayoría ya se instaló en el resto del país. Incluso, según el Ministerio de Educación hay más de 900 municipios donde hoy hay venezolanos inscritos en los colegios públicos. Es más, ayer un millar de estudiantes de esa nación estaban autorizados por el Icfes para presentar las Pruebas de Estado.
Si bien es cierto que hace tres años la migración venezolana era vista como una circunstancia temporal que se reversaría en cuestión de meses, una vez cayera el régimen dictatorial y retornara la democracia, es claro que pese a todos los intentos de la oposición interna y el creciente eje de presión externa para forzar la salida de la satrapía, Nicolás Maduro y la cúpula chavista continúan aferrados al poder, así ello implique someter a su población a la peor hambruna y crisis humanitaria, política, económica e institucional de las últimas décadas en el continente americano.
En ese orden de ideas, es claro que lo que inicialmente se planteó desde el Estado como un plan de choque temporal para atender a los venezolanos en Colombia mientras se normalizaba la situación en la nación vecina, ahora pareciera que va tomando tintes permanentes.
Pero no es el único cambio que se ha registrado y que desde ya generan alertas y preocupaciones. Por ejemplo, es innegable que en un comienzo había un sentimiento de solidaridad y hermandad muy alto de la mayoría de colombianos para con los venezolanos, reconociendo que era hora de tenderles la mano como décadas atrás ellos hicieron con no menos de 4 millones de nuestros compatriotas que fueron a ese país huyendo del conflicto interno y en busca de un mejor futuro. Sin embargo, el deterioro de la situación económica en Colombia, en especial el aumento del desempleo y los picos de inseguridad urbana, han creado la sensación en un sector de la opinión pública de que una parte de la culpa la tienen los migrantes. El propio gerente de Frontera, Felipe Muñoz, admitió en la entrevista dominical que “vemos con alguna preocupación que hay un descenso en el apoyo ciudadano hacia la recepción de los venezolanos”, agregando que “todos los fenómenos migratorios en el mundo tienen una consecuencia y es que el imaginario principal de la gente es que los migrantes quitan los empleos y generan inseguridad”. En ese orden de ideas dijo que el Estado venía trabajando con “más intensidad en un ejercicio de inclusión económica de los migrantes que permita visibilizar su aporte productivo al país”.
Aunque las estadísticas sobre causas objetivas del desempleo evidencian que el impacto de la ola migratoria es menor al esperado y tampoco es marcadamente alto el número de capturas de venezolanos por delitos aquí, la sensación en alguna parte de la opinión pública no cambia. Es más, el Proyecto Migración Colombia Venezuela adelantó una encuesta al respecto que evidenció que los consultados se mostraron de acuerdo con que los migrantes accedan a los servicios públicos básicos, pero no así a que puedan votar. Igualmente se encuentran divididos en torno a si deben ser o no integrados formalmente en el mercado laboral local.
Como se dijo al comienzo, estamos ante un reto muy complejo. El Estado colombiano sigue dispuesto a asistir a los venezolanos, e incluso la semana pasada anunció que dará nacionalizad a 24.000 hijos de estos nacidos en nuestro país. También amplió el programa de acceso a servicios y regularización laboral, en tanto presentó al Congreso un proyecto de reforma a la política migratoria enfocado en los desafíos propios de un país receptor. Lo clave es trabajar con la ciudadanía para recalcar el principio de solidaridad y hermandad, ya que un deterioro mayor en ese flanco sería grave.